La Comisión estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió las primeras cinco recomendaciones del año dirigidas a dependencias de gobierno y servidores públicos, entre las cuales destacó un caso de tortura por parte de elementos de Tonalá, acoso laboral y hostigamiento sexual contra una persona de diversidad sexual en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) y la muerte de una persona privada de su libertad en la Penal de Puente Grande.
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Las recomendación 3/23 fue por violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la privacidad por allanamiento de morada, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura por parte de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, derivado de una queja presentada en abril de 2022; apuntó Luz del Carmen Godínez González, titular de la comisión.
“Estamos haciendo una recomendación al presidente municipal de Tonalá para que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), puedan otorgarle la atención en la reparación integral del daño, pero también puedan agregar copia de esta recomendación a los elementos involucrados y también se pueda fortalecer, intensificar la capacitación a los elementos de seguridad pública para que no se cometan ese tipo de violaciones”, dijo Luz del Carmen Godínez González, titula de la CEDHJ.
Fernando Zambrano Paredes, director del área de seguimiento de recomendaciones, apuntó que a partir del 2017 la CEDHJ ha emitido recomendaciones por las quejas relacionadas con actos de tortura por parte de funcionarios públicos, teniendo a la fecha un total de 34; siendo a la Fiscalía de Jalisco a la instancia que se le han dirigido más.
“Decir que estas recomendaciones han sido aceptadas parcialmente por parte de las autoridades a las que se ha dirigido, principalmente la Fiscalía del Estado es a la autoridad que se ha dirigido más de estas recomendaciones, de los logros que a través del seguimiento se han brindado, pues se ha generado, se han brindado atenciones psicológicas, se han brindado atenciones médicas a las víctimas, se han capacitado a servidores públicos, se han generado montos compensatorios, se han llevado a cabo judicializado carpetas de investigación por el delito de tortura y una no propiamente por el delito de tortura sino también por desaparición de personas y homicidio”, comentó Fernando Zambrano Paredes.
Por lo cual siguen insistiendo en esa capacitación para que este delito ya no se sigua cometiendo y que vaya a la baja. Explicando que si bien en el 2022 no se tuvo ninguna recomendación fue por que las quejas no fueron acreditadas debidamente.
JMH