La Universidad Iberoamericana Puebla celebró la cancelación definitiva de las concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán que fueron otorgadas a la firma Minera Gorrión, empresa subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals.
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Al mismo tiempo, la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita solicitó al Poder Legislativo que decida en favor de la libre determinación de pueblos y comunidades, así como abone a las acciones del cuidado del medio ambiente.
En un posicionamiento firmado por la Clínica Jurídica Minerva Calderón, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, se resalta la importancia del acuerdo del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con el que se declara cumplida la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de febrero de 2022 y quedan canceladas las concesiones mineras para desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
A la par, la Ibero Puebla reconoció el trabajo con que el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación acompañaron desde 2015 a la comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en la Sierra Norte de Puebla.
“Como lo hemos sostenido en otros momentos, casos como este permiten observar las raíces estructurales de un modelo de explotación de los recursos minerales que pone en desventaja a pueblos y comunidades indígenas, pero que, sobre todo, incentiva el despojo territorial y la depredación de bienes comunes, llegando incluso a derivar en acontecimientos fatales. Por ello, y como lo ha afirmado la defensa legal de la comunidad de Tecoltemi, esta lucha establece recedentes relevantes para otras colectividades que viven la imposición del modelo minero extractivo”, destaca el posicionamiento.
De la misma forma, la institución poblana resaltó la iniciativa presidencial que busca recuperar la rectoría del estado el sector minero en el que se construyó y se ha mantenido un andamiaje jurídico ventajoso para las empresas.
“Este modelo instaurado desde hace 30 años ha consolidado intereses económicos y políticos difíciles de enfrentar, por lo cual llamamos al Poder Legislativo —inicialmente a la Cámara de Diputados en tanto cámara de origen— a legislar en favor de los derechos humanos de pueblos y comunidades, y de la sustentabilidad. El cuidado de nuestra casa común y la vigencia de la dignidad y los derechos humanos deben ser el eje central de una discusión legislativa que, sin parar la actividad minera, pueda encausarla de manera integral”, finaliza el documento.
Minera Gorrión está a cargo del desarrollo del proyecto de Ixtaca, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, que comenzó en el año 2001, con una labor de exploración minera. En 2010, se confirmó la mineralización de la zona, siendo en 2014 cuando publicó el estudio de evaluación económica que prevé recuperaciones metalúrgicas de oro y plata de hasta un 90 por ciento.
En el año 2015, los habitantes del ejido de Tecoltemic, ubicado a más de ocho kilómetros de donde se planea desarrollar una mina, en la Sierra Norte de Puebla, presentaron un amparo contra los artículos de la Ley Minera y el otorgamiento, en 2003 y 2009, de dos concesiones a Minera Gorrión.
El 17 de febrero de 2022, por unanimidad de votos, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedieron un amparo al ejido de Tecoltemi, en el que se ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistentes los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2 otorgados en 2003 y 2009 a Minera Gorrión.
CHM