Un ultimátum de 60 días para la regularización de establecimientos que operan fuera de la Ley en tanto que no están registrados, fue anunciado por el gobierno de Jalisco y los gobiernos municipales del Área Metropolitana de Guadalajara; a partir de ese período comenzarán acciones administrativas por parte de los municipios.
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Lo anterior tras las anomalías detectadas en establecimientos que operan de manera irregular o clandestina.
El gobierno estatal declaró su rechazo a cualquier maltrato o conducta ilegal aplicada con el aval de los administradores o propietarios hacia las personas que son atendidas en sus establecimientos, principalmente por ser violatorias de los derechos humanos de las personas internadas, por lo que aclaró que de efectuarse estos hechos habrá sanciones.
Dicho acuerdo se tomó en la mesa de trabajo que da seguimiento al tema, en la que además del gobierno estatal y los municipios, participan instituciones como la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal), el Consejo Estatal contra las Adiciones en Jalisco (CECAJ), la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).
Basados en los datos
Para poder dar seguimiento y dimensionar el tamaño de las acciones a seguir en la ruta definida, fue necesario tomar como base los datos del Censo Estatal de Establecimientos de Atención Residencial de Adicciones 2021 en Jalisco, el cual tiene un registro de 390 establecimientos especializados en la atención de esta problemática, de los cuales solo 85 cuentan con reconocimiento de la Comisión Nacional y el Consejo Estatal contra las adicciones. Sin embargo, este número podría ser inferior respecto a la cantidad de centros que operan no solo en la irregularidad, sino también en la clandestinidad, lo que hace más difícil identificarlos y por consecuencia ponerlos en orden. No obstante, mediante el acuerdo tomado por autoridades de los tres niveles de gobierno, se podrá lupa a todos los establecimientos dedicados a la atención de dicho padecimiento y a detectar los que aún no están registrados ante la autoridad.
No habrá concesiones
El gobierno de Jalisco declaró que una vez realizadas las revisiones y evaluaciones en cada centro, los responsables de estos tendrán que solventar todos y cada uno de los requisitos municipales y estatales, en el entendido de que no habrá concesiones especiales a quien no los cumpla y, de ser así, tendrá que cerrar.
Por ello, los operativos de seguridad en estos centros continuarán en el AMG a fin de detectar irregularidades en los establecimientos ya registrados, y al mismo o tiempo poder detectar a otros que operen en la clandestinidad. En este sentido, el gobierno de Jalisco hace un llamado a los propietarios o administradores de estos centros, llámense centros de rehabilitación, albergues o asilos, para que se acerquen con las autoridades responsables de dar validez, si es que aprueban los requerimientos establecidos, a sus operaciones.
Clausuran 3 en Tlaquepaque
De los 44 anexos que identificó el ayuntamiento de Tlaquepaque en el municipio, tres fueron clausurados por no tener licencia y ejercer violaciones a los derechos humanos de los internos.
“Al momento se han cerrado tres con clausura total porque encontramos que había hacinamiento, porque encontramos que no había un modelo de tratamiento seguro para ellos y desde luego que también se violaban los derechos humanos”, declaró Citlali Amaya, alcaldesa de Tlaquepaque.
Los internos de los tres anexos fueron reubicados: “Algunos fueron regresados a sus familiares y algunos otros fueron vinculados a otros centros de tratamiento que están regularizados dentro de nuestro municipio y encontramos cuatro carpetas de investigación de cuatro personas que aparecían como desaparecidos y estaban ahí albergados”.
SRN