La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), pidieron al gobierno federal emitir “medidas cautelares” a favor del padre Alberto Ruiz Pérez y su equipo de colaboradores, todos ellos defensores de migrantes, por las agresiones, sufridas el pasado 24 de octubre.
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Según un comunicado de prensa de la CNDH ese día “un grupo de personas armadas irrumpieron en el albergue, lo amagaron con armas de fuego, lo golpearon y robaron la cantidad de veinte mil pesos”.
Los agredidos, forman parte del albergue para migrantes El Refugio. Éste espacio, como otros en el país que son manejados por organismos de la sociedad civil, brindan “ayuda humanitaria a miles de migrantes que transitan por el Estado de Jalisco”.
Los organismos defensores, deploran que más allá de lo que parece un asalto “se pretenda inhibir su labor como defensores de los derechos humanos”.
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De ahí que se soliciten dichas “medidas cautelares” con el objetivo de “salvaguardar la vida y seguridad de los colaboradores del albergue, así como sus instalaciones. Además, que se indaguen tales hechos con un enfoque diferenciado, atendiendo protocolos y directrices de investigación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos.
MC