Consejos ciudadanos de búsqueda, colectivos y familiares de víctimas acusaron que se han desmantelando las instituciones a cargo de la búsqueda de personas y se revictimiza a los familiares al no reconocer su intervención de manera activa.
Al conmemorar el sexto aniversario de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, calificaron alarmante que “las instituciones parecen enfocarse en disputar las cifras de desaparecidos”.
- Te recomendamos Familiares de desaparecidos y miembros de la Comisión Verdad Y Justicia se manifiestan contra la destitución de Javier Yankelevich Comunidad
En un pronunciamiento respaldado por 86 colectivos de 25 estados, señalaron que las recientes acciones han contraviniendo los principios fundamentales que la Ley General enfatiza.
Entre estas, denunciaron la realización de un censo “carente de transparencia”, la reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y en el Centro Nacional de Identificación Humana (CIH), así como la ausencia de disposición para entablar diálogo con las familias.
“El censo es un claro intento de debilitar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), establecido por la Ley General y sostenido por las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales”, apuntaron.
Recordaron que la promulgación de esta legislación surgió como resultado de una presión social y las propuestas de las familias de personas desaparecidas como “respuesta directa a la inacción de las autoridades en la búsqueda y esclarecimiento de los casos”.
En este marco, subrayaron la necesidad de las víctimas de participar de manera activa en la búsqueda, localización e identificación de su familiares, “reconociendo nuestra intervención como un derecho fundamental”.
“Observamos con profunda preocupación y decepción los intentos del gobierno de regresar a debates ya superados, lo que resulta en una revictimización y desvalorización de nuestros esfuerzos”, apuntaron.
Ante este panorama, urgieron a los gobiernos federal y locales detallar un plan de trabajo “con plazos y objetivos definidos”, además de transparentar los perfiles de los nuevos nombramientos de la CNB y justificar los recientes despidos, para así “brindar tranquilidad y certidumbre a las familias afectadas por este proceso”.
LP