Mientras la bancada de Movimiento Ciudadano denunció que no se debía dictaminar el asunto, por mayoría de votos, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en segunda vuelta una reforma constitucional que tuvo modificación de fondo, quitándole al gobernador Samuel García el Instituto de Defensoría Pública del Estado para hacerla un órgano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León.
Tras reanudar la Comisión, que se mantuvo en permanente, Filiberto Flores, presidente de la misma, solicitó someter a votación la propuesta, pero fue interrumpido por los legisladores de Movimiento Ciudadano que exigieron hablar en más de 16 ocasiones, pues no estaban de acuerdo con la reserva al artículo 17 que presentó la diputada sin partido, Jessica Martínez.
“El Instituto será un Órgano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, especializado e imparcial. Contará con autonomía técnica y de gestión; plena independencia funcional; capacidad para decidir sobre su organización interna, de conformidad con lo previsto en la ley.
“El Instituto velará en todo momento porque se cuente con los recursos necesarios para cumplir su función, así como por la capacitación permanente de las y los defensores. Para tales efectos, establecerá un servicio civil de carrera para las y los defensores públicos, cuyo salario no podrá ser inferior al que corresponda a las y los agentes del Ministerio Público”, indicó la reforma.
La aprobación en primera vuelta, el pasado 1 de febrero, contemplaba hacer la Defensoría Pública un órgano autónomo pero, según Movimiento Ciudadano, Martínez corrigió la plana del “PRIAN”.
La persona titular del Instituto será designada por un periodo de tres años, pudiendo volver a ser designado hasta por un periodo de igual tiempo consecutivo al término del primero, esta designación la realizará el Consejo de la Judicatura por mayoría de votos de sus integrante.
Eduardo Gaona, líder de MC, lamentó la ocurrencia de las mayorías y aseguró que su partido siempre les corrige la plana.
“No tiene ningún efecto jurídico, por eso anticipo también mi voto en contra pero además de eso quiero señalar porque parece que ya se está haciendo recurrente y lo digo con toda sencillez que tengamos que estamos corrigiendo la plana porque los dictámenes están muy mal hechos”, refirió.
Iraís Reyes, de MC, acusó que el PRIAN hará robo hormiga porque, según la emecista, el PRI quiere la Fiscalía General y el PAN el Poder Judicial.
“Siempre con ese intento de controlar la justicia y por medio de control de la defensoría, que cochino lo que está sucediendo, hemos perdido la capacidad y una decisión fraudulenta y quitando la intervención en el proceso que ya sabemos que la Defensoría para PAN y Fiscalía para el PRI”, indicó.
Sandra Pámanes, de MC, dijo que al aprobar la reserva de Martínez, queda sin efectos la primera vuelta constitucional para quitar la Defensoría Pública, pues se hizo un cambio radical.