Derivado de las presuntas omisiones, probables abusos y posibles actos de corrupción cometidos por parte de las autoridades encargadas de la impartición de justicia en el Estado de México, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción mexiquense se reunirá con agrupaciones de la sociedad para detectar dichas irregularidades y emitir recomendaciones para que no se repitan, precisó José Guadalupe Luna Sánchez, miembro del CPC.
En la reunión de este miércoles de citado órgano colegiado, precisó que dialogaron con integrantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y escucharon las experiencias que tienen frente a los actos de corrupción.
“Un esquema de colaboración a largo plazo que pudieran privar en una reunión para darnos a conocer su experiencias y a partir de ahí proponer un esquema de concertación muy similar que tenemos con otros organismos de la sociedad civil pero con objetivos muy identificados, muy claros para tratar de ampliar la red de participación ciudadana diseñada en esta materia”, precisó.
El centro tiene experiencia en temas de defensa de la tierra y territorio, la protección a los presos políticos y el cuidado de recursos naturales. También son de los principales impulsores de la Ley de Amnistía del Estado de México, instrumento con el que pretenden liberar a centenares de personas que presuntamente fueron presas en cárceles de la entidad aparentemente por irregularidades en la detención o sentencia.
En este sentido, adelantó que el resultado de estas reuniones de trabajo sería el elaborar recomendaciones o propuestas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) para que adopten acciones que ayuden a disminuir las prácticas de corrupción.
“No es ocioso que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, en su edición de 2017 identificara a los tramites municipales, el ministerio público y las autoridades de seguridad pública con mayor incidencias en este tema. El mismo estudio en su edición de 2020 identificó a las policías de tránsito, jueces, ministerios públicos, fiscalía estatal y policía ministerial y 8 de cada encuestados identificaron en estas dependencias prácticas de corrupción”, detalló.
MMCF