A seis meses de que inicien las campañas electorales en Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) indicó que en el estado, el delito de compra de votos es el que tiene más carpetas de investigación, con 95 en los últimos dos años.
Mediante una conferencia en línea, el fiscal Gilberto de Hoyos y el capacitador Uriel Reyna explicaron los 12 delitos más comunes desde el 9 de marzo del 2018, año en que el Congreso del Estado decretó la existencia de la FEDE.
- Te recomendamos NL, cuarto lugar nacional en delitos contra la libertad Policía
“Solicitar votos por paga, recoger o retener credenciales, votar con una identificación que no le corresponde, organizar acarreos, intentar manipular material electoral, orientar el sentido del voto, desviar recursos públicos, utilizar el culto religioso para pedir el voto, obstaculizar la elección, condicionar el beneficio de un programa social, presionar a los electores dentro e interferir en el cierre de una casilla”, explicó Reyna.
El capacitador enfatizó que han acudido a los 51 municipios, universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a fin de que los servidores públicos y ciudadanos en general conozcan las funciones de la FEDE.
Por su parte el fiscal Especializado, Gilberto de Hoyos, aseguró que, pese a faltar un semestre para que inicien las campañas electorales, la FEDE se alista ante el proceso electoral.
“Como ustedes saben, los delitos electorales dañan no solamente a la democracia de nuestro país, sino a todo México. (Queremos) agradecer a la Fiscalía General, el INE, el TEE y la Sala Regional Especializada del TEPJF”, aseveró.
La Comisión Estatal Electoral (CEE) decretó el 7 de octubre para que se realice la primera sesión del inicio del proceso electoral 2020-2021.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha dado a conocer si las elecciones o campañas electorales, al menos de Nuevo León, serían atrasadas debido a la entrada de la Fase 3 del covid-19.
Apenas el 3 de abril la FEDE exhortó a la población denunciar a cualquier servidor público que condicione un programa social o servicio relacionado a los apoyos del covid-19.
Actualmente la FEDE tiene 336 denuncias, de las cuales han procesado poco más del 60 por ciento, han judicializado 15 carpetas, una sentencia condenatoria y una orden de aprehensión pendiente de ejecutar.