A pesar del considerable aumento de las denuncias por extorsión de los llamados “montachoques”, el Congreso de la Unión mantiene pendientes de dictamen al menos dos iniciativas para castigar hasta con ocho años de prisión dicho delito.
De acuerdo con una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, se trata de bandas de extorsionadores dedicadas a provocar incidentes de tránsito y exigir pagos exorbitantes a los automovilistas que circulan por las ciudades del país.
“Estas actividades se encuentran tipificadas penalmente como extorsión, daños, golpes, amenazas, afectaciones patrimoniales, lesiones, entre otros, aunque también apunta que los ‘montachoques’ podrían ser consideradas como conductas del crimen organizado, debido a la cantidad de personas que participan en estos ilícitos”, puntualiza.
El reporte titulado “Montachoques, amenazas y extorsiones para la movilidad en México” y elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre señala que en la 65 legislatura se han presentado dos iniciativas para sancionar de forma específica la referida conducta ilícita, aunque ambas propuestas siguen pendientes de discusión y dictamen en comisiones.
El diputado panista Luis Alberto Mendoza presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal imponer una pena de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa a quien cometa dicho delito, con el propósito de obtener un beneficio económico, independientemente de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos asociados.
La legisladora morenista Laura Imelda Pérez propuso a su vez una adición al mismo ordenamiento para castigar con dos a cinco años de prisión y de 300 a mil veces el valor diario de la UMA a quien ocasione un siniestro vial, con la finalidad de obtener un lucro, simulando ser víctima del hecho de tránsito generado, y tomando como mecanismos de alevosía y ventaja.
“Si bien estas dos iniciativas abordan específicamente el delito de extorsión en accidentes viales provocados para tal fin, existen otras diez que proponen elevar las penas por este delito mediante la modificación del artículo 390 del Código Penal Federal con temas específicos o generales que buscan incidir para disminuir los actos realizados bajo esta modalidad delictiva”, detalla el documento del Instituto Belisario Domínguez.
LG