Las consultas ante proyectos mineros se colocan como la vía para la gestión de conflictos que involucran complejas diferencias de índole territorial, étnica o política; además, pueden ofrecer ejercicios que recojan las distintas demandas de los actores y la construcción de acuerdos que reduzcan los enfrentamientos.
- Te recomendamos Madres, víctimas de violaciones a sus derechos humanos en Puebla Comunidad
En el punto anterior coincidieron los investigadores María Carolina Restrepo Gómez, doctora en Ciencias de Gobierno y Política por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Ignacio Daniel Torres Rodríguez, doctor en Ciencias de Gobierno y Política por la BUAP; y Carlos Ricardo; académico adscrito al Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
De acuerdo con el análisis“Minería, democracia y sostenibilidad: Los mecanismos de democracia directa en conflictos ambientales y su relación con el desarrollo sostenible” realizado por los tres investigadores y publicado en Entorno de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), la consulta popular constituye uno de los mecanismos más importantes para la reivindicación de derechos políticos para tomar parte en las decisiones colectivas.
El estudio agrega que las comunidades buscan acudir a las consultas que están estipuladas en las constituciones políticas o en acuerdos internacionales, pero se enfrentan con vacíos en términos procedimentales y jurídicos, además de discrecionalidad en las decisiones, lo cual limita la evolución democrática.
“Esta situación requiere una atención urgente toda vez que las consultas, lejos de generar incertidumbre jurídica y desestabilización política, como se argumenta, pueden ofrecer ejercicios que recojan las distintas demandas de los actores y la construcción de acuerdos que reduzcan los enfrentamientos”, detalla el estudio.
En el estudio se resalta el conflicto de Las Espejeras que tuvo lugar en el municipio de Tetela de Ocampo, en la región de la Sierra Norte del estado de Puebla, por el área concesionada a la minera Frisco en el sector de La Cañada.
“En el sector de La Cañada se explotaba de manera histórica el oro desde antes de la Conquista y durante la época colonial. En la actualidad, es la principal zona concesionada a la minera. Además, ahí se encuentra el manantial de agua de la localidad. En este mismo lugar, la empresa minera compró hectáreas de tierra, simultáneamente, fueron contratadas familias para laborar dentro del proyecto, lo que contribuyó a cierta división entre los habitantes de la comunidad”, recuerda el análisis.
En el caso de Tetela de Ocampo, las asambleas comunitarias lograron consolidar propuestas respecto a proyectos compatibles con el concepto de desarrollo sostenible. Una de las propuestas centrales fue el desarrollo del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (Poet), que permitiera la declaración de zonas protegidas en el municipio con miras al fortalecimiento del ecoturismo.
Por último, los investigadores coincidieron, al señalar que las consultas no siempre generan resultados excluyentes en términos dicotómicos, sino que pueden ser espacios en los que se gesten negociaciones justas entre las partes.
“Los espacios deliberativos que han propiciado los procesos de resistencia también han contribuido a la generación de alternativas de desarrollo sostenible que equilibran el crecimiento económico y el medio ambiente”.
AAC