La alta contaminación del Atoyac, el segundo río más contaminado del país, es un ejemplo de los resultados de la impunidad ambiental en la que continúan las descargas de contaminantes y falta la coordinación de los tres niveles de gobierno para destinar presupuesto y aplicar acciones de solución.
Celeste Cedillo González, especialista en Estudios Regionales sobre Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), resaltó que tanto Puebla como Tlaxcala aparecen entre los 10 estados con el peor Índice de Impunidad Global Ambiental (IGI-Ambiental), lo cual releva la necesidad de acciones conjuntas para enfrentar el problema.
Señaló que, a pesar de que, desde hace muchos años, la sociedad civil está luchando por el derecho a un río sin contaminantes, el Atoyac mantiene altos niveles de contaminación, situación que revela la importancia de que las autoridades de los tres niveles de gobierno se involucren.
"Lamentablemente, el estado de Puebla y Tlaxcala cuentan con el segundo río más contaminado del país, el Atoyac. Es una problemática que preocupa a los poblanos porque, a pesar de varios años en la lucha por atender la situación y con intentos de coordinación intermunicipal, no hay grandes resultados", destacó.
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Para la investigadora, el rescate del río Atoyac es posible si se comienza por detener la contaminación y, al mismo tiempo, se implementan planes de acción en el corto, mediano y largo plazo.
Tras la presentación del Impunidad Global de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental) de la Udlap, la especialista resaltó que la contaminación del Atoyac y la presa de Valsequillo es el tema pendiente que ya no puede esperar, como lo establecen organizaciones civiles como Dale la Cara al Atoyac que mantiene su lucha en medio de la pandemia del covid-19 para que se detengan las descargas.
Por separado y de forma previa, María Eugenia Ibarrarán Viniegra, directora del Instituto en Investigaciones del Medio Ambiente Xabier Gorostiaga (IIMA) de la Universidad Iberoamericana Puebla, el valle de Puebla padece una crisis ambiental porque la cuenta del Atoyac presenta estrés hídrico con una disminución del nivel del agua disponible y por el crecimiento de la contaminación.
Señaló que la crisis ambiental en Puebla es grave ante una combinación de factores como la falta de acciones por parte de las autoridades, la contaminación de las industrias, la falta de tratamiento del agua y hasta la actitud de los pobladores que requieren cuidar el vital líquido.
Para la especialista, la contaminación del Atoyac y del río Alseseca, así como de la presa de Valsequillo, tiene un impacto en la salud de las poblaciones que están a los alrededores y se pone en riesgo a más de dos millones de personas.
Destacó seguridad hídrica es un elemento importante ante el problema y resaltó la relevancia de que el agua sea suficiente, accesible en cuanto a precio y de buena calidad para las personas.
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Puebla, en el top ten de menor nivel de IGM-Ambiental
Puebla se ubicó entre los nueve estados con el peor Índice Global de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental) ante la necesidad de acciones contra degradación ambiental, la urgencia del fortalecimiento de la capacidad institucional para enfrentar los daños ambientales, el aumento del crimen ambiental y la falta de estrategias a largo plazo para el cuidado del medio ambiente.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental) desarrollado por investigadores de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), en el país ningún estado es capaz de luchar contra la degradación ambiental y se requiere el fortalecimiento institucional para el cuidado del medio ambiente.
En una escala del uno al cuatro, donde la cifra más alta corresponde las entidades con mayor fortaleza para contrarrestar los daños ambientales, Colima se colocó como el estado con la peor calificación, 1.59 puntos, lo que equivale a un nivel muy alto de impunidad ambiental.
Dentro del grupo considerado como “Alto nivel de impunidad ambiental”, aparecen Sinaloa con 1.71 puntos; Yucatán, 1.72; Tlaxcala, 1.73; Zacatecas, 1.75; Michoacán, 1.76; y Tabasco, 1.77. En tanto, Nayarit con 1.83, Puebla, con 1.84; y Veracruz con 1.84, en el rubro de nivel medio de impunidad, completan la lista de las 10 entidades con las más bajas calificaciones.
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El análisis de los investigadores de la Udlap detalla que el promedio nacional del Índice Global de Impunidad (IGI-Ambiental) 2020 es de 1.93, que se traduce en que, en general, en todo el país, se requieren acciones para enfrentar los problemas ambientales.
La lista de los estados con las mejores calificaciones es encabezada por Durango, con 2.31 puntos; seguido por Morelos, 2.22; Ciudad de México, 2.22; Baja California, 2.18; y Querétaro, 2.11; sin embargo, se ubican en un nivel medio bajo de impunidad ambiental, lo cual, demuestra la necesidad de acciones para el cuidado del ambiente.
Juan Antonio Le Clercq Ortega, Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), comentó que la entidad poblana enfrenta diferentes retos para contrarrestar la impunidad ambiental.
“El estado de Puebla se encuentra en la parte baja del índice con una calificación de 1.84 de cuatro puntos posibles, ante lo cual, estaría en una clasificación de impunidad media, es decir, se ubica gravitando cerca de la media general”, destacó.
Dentro del Índice Global de Impunidad (IGI-Ambiental) Udlap, el estado de Puebla aparece con calificaciones por debajo del promedio nacional en los rubros de capacidad institucional y estrategias para el cuidado del ambiente; y está en el promedio nacional dentro de los rubros de crimen ambiental y degradación ambiental.
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