A partir del 12 de octubre de 2019 el pasaje aumentó 2.50 pesos para todo el transporte público en Puebla, bajo la condición de que las unidades fueran modernizadas en un plazo de 120 días, mismo que venció el 12 de enero de 2020.
Sin embargo, la pandemia llegó y el cumplimiento de dicha exigencia se frenó, pues gran parte del parque vehicular destinado al transporte público sigue en pésimas condiciones. Carecen de botones de pánico, no cuentan con cámaras de videovigilancia y no están conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) de Cuautlancingo para prevenir asaltos y robos.
El sector transportista también se comprometió a someter a una revisión semestral a sus conductores, a fin de rechazar perfiles adictos al alcohol, drogas o con antecedentes penales.
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El primer caso de coronavirus en Puebla se registró el 10 de marzo de 2020 y para entonces las unidades del transporte público deberían estar en óptimas condiciones; en cambio, varias agrupaciones del gremio comenzaron a exigir prórrogas para cumplir con lo acordado con la justificación de que el virus, la cuota especial a estudiantes -que se mantuvo en 6 pesos- y los 120 días de plazo otorgados por el gobierno estatal no eran suficientes.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, hasta el 30 de noviembre de 2020 solo 6 mil de las 14 mil 350 unidades del transporte público de Puebla se habían modernizado, lo que representa el 41.81 por ciento.
Apenas el 5 de agosto de 2020, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció y calificó como un fracaso el proyecto de conectividad del transporte público con el C5, pues reveló que muchas unidades se han conectado a una plataforma privada y no al centro especializado en seguridad pública.
No obstante, la SMT destacó mediante un boletín de prensa que 2 mil unidades “han sido cambiadas por modelos recientes, reduciendo la edad del parque vehicular en todo el estado” y aseguró mil 405 rutas “como parte del combate al transporte irregular” durante 2020.
Señaló que a lo largo del año la Dirección de Inspección y Vigilancia realizó mil 289 operativos “para combatir el pirataje, la invasión de rutas y verificar el cumplimiento del protocolo de sana distancia” como medida preventiva contra el covid-19, dejando un total de 2 mil 321 unidades con infracciones.
De éstas, 245 fueron por prestar el servicio de transporte público y mercantil sin la concesión y autorización correspondiente; mil 395 infracciones por temas como falta de licencia, póliza de seguro, tarjeta de circulación y por transitar sin una o ambas placas, entre otros.
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Movilidad y Transporte apuntó que durante 2020 logró un avance de 60 por ciento en el reordenamiento de rutas del transporte público, “combatiendo la invasión de derroteros y el pirataje” e impulsó la reforma al artículo 190 bis del Código Penal de Puebla para sancionar hasta con 6 años de cárcel a quienes condujeran unidades del transporte público irregulares o imponer multas económicas que van desde los 39 mil hasta los 43 mil 440 pesos.
Según Seth Yassir Vázquez Hernández, subsecretario de Movilidad y Transporte, hasta el 6 de noviembre de 2020, 13 choferes habían sido enviados a prisión preventiva tras ser vinculados a proceso o sentenciados por incurrir en este delito.
Conductores, bajo la lupa
Durante 2020 la Secretaría de Movilidad y Transporte diseñó una base de datos con la información principal de los operadores del servicio de transporte, “con el fin de conocer e identificar plenamente a quienes están brindando este servicio”.
Además, como una nueva exigencia para obtener la licencia de transporte público y mercantil, obligó a los titulares a renovar su carta de antecedentes no penales cada seis meses. Aunado a esta situación, aplicó un total de 4 mil 355 pruebas toxicológicas a conductores mediante 269 operativos “con el propósito de verificar el estado en el que trabajan los operadores de transporte público”.
Especificó que en el último año la dependencia llevó a cabo estas acciones a operadores de 70 rutas de la zona metropolitana y 199 del interior del estado, para detectar que los transportistas no circularan bajo el influjo del alcohol o algún otro tipo de estupefaciente.
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También brindó 3 mil 127 capacitaciones a operadores del transporte público en materia de seguridad vial y violencia de género, pues según la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2019, 91.8 por ciento de las denuncias por estos delitos son cometidas por violencia contra la mujer.
De acuerdo con Mónica Silva Ruíz, subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de Puebla, la situación “es sumamente preocupante si reflexionamos que las mujeres usan menos el coche privado en sus desplazamientos, consumen más transporte público y caminan más que los hombres”.
Incrementó pasaje hasta 46%
Con las adecuaciones en 2019, el costo del pasaje incrementó en 46 por ciento para las unidades tipo van y en 41 por ciento para microbuses y autobuses, pues las tarifas pasaron de 5.50 a 8 pesos, y de 6 a 8.50 pesos, respectivamente.
Este aumento es significativo al tener en cuenta que en estados colindantes como Hidalgo el pasaje es de 9 pesos, con un aumento del 8.97 por ciento en comparación con la tarifa anterior, de 8 pesos.
En la Ciudad de México la tarifa mínima es de 5 pesos, aunque en todo el año los transportistas no bajan la guardia para que incremente a 9 pesos, lo que significaría un repunte del 80 por ciento.
En Tlaxcala el gremio ha solicitado que se ajuste una nueva tarifa para el transporte público, sin embargo, hizo a un lado sus exigencias tras la llegada de la pandemia porque consideró que la ciudadanía tendría dificultades para costear sus viajes.
mpl