El confinamiento físico de cinco meses ocasionado por la pandemia del covid-19 podría poner el riesgo la paz laboral que ha prevalecido en Nuevo León por dos décadas, dado que se han dado un sinnúmero de despidos injustificados de trabajadores, reveló Gustavo Hernández, socio del despacho Hernández y Hernández asociados.
El abogado experto en lo laboral, dijo que la Junta de Conciliación y Arbitraje Local suspendió labores desde el 23 de marzo y reanudó de manera parcial el 3 de agosto, en todo ese periodo fue inexistente la justicia pronta y expedita como derecho de los trabajadores.
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Comentó que han solicitado como gremio reuniones con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón; el secretario de Salud, Manuel de la O, y el secretario de Economía y Trabajo, Roberto Russildi, además del titular de la Junta de Conciliación, Ernesto Romero Campos, sin tener ninguna respuesta.
Agregó que urge que se pueda reanudar la actividad de Conciliación porque toda la parte laboral está estancada y esto puede devenir en problemas sindicales.
“Durante el confinamiento físico se violó todo derecho laboral de los trabajadores, se les quitó el derecho de una pronta justicia y expedita al quedar suspendidas las labores de la Junta de Conciliación y Arbitraje local y no se puede presentar ningún tipo de denuncia. Apenas el pasado 3 de agosto reanudó de manera parcial la Junta de Conciliación”.
Sobre todo, en los últimos dos meses y medio en Nuevo León los despidos injustificados podrían llegar a más de 80 mil despidos injustificados en el sector de empleo formal.
Como gremio se han solicitado reuniones con el gobernador, el secretario de Economía y hasta el momento no se ha concretado, y esto urge que se dé porque mientras no se normalicen las actividades de Conciliación y Arbitraje puede subir el encono entre los trabajadores y sindicatos que podría poner en riesgo la estabilidad laboral del estado.
“Porque toda la parte laboral (en cada una de las partes, sindicatos, trabajadores, empresas) está estancada, hay cientos de asuntos por resolver”, destacó el especialista.
“La parte patronal se vio obligado a despidos injustificados ya que no existe el término de no capacidad económica para continuar sufragando los sueldos de los empleados. Tras el inicio de la pandemia empezó a darse despidos injustificados”, indicó el abogado.
Aseguró que esto se dio más en empresas manufactureras en general y se propició también porque la Junta de Conciliación y Arbitraje Local dejó de operar desde el día 23 de marzo, esto aunado a que hubo mucha desinformación y error de malinterpretación cuando se declaró la contingencia sanitaria, producto de una mala praxis por parte del gobierno federal.
Hernández afirmó que el cierre de la Junta de Conciliación propició que no se dieran denuncias, si bien la Junta daba citas conciliatorias virtuales, estás no tienen la misma eficacia que una presencial.
“No había un protocolo, las citas se dieron por WhatsApp, nunca utilizaron plataformas como zoom o Skype”.
El abogado laborista consideró que se debe de encontrar un medio alternativo entre el gobierno, los abogados, los sindicatos y patrones para poder desahogar las audiencias que hay y tal y como lo hizo el Poder Judicial.