El costo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) subió 357 por ciento entre 2010 y el 2025, al pasar de 9 mil 626.9 a 44 mil 30.2 millones de pesos, el monto que el gobierno estatal debe otorgarle para su funcionamiento y atención de la población derechohabiente.
De acuerdo con una revisión de las leyes de egresos de los últimos 15 años, el presupuesto ha ido en incremento año con año, pues tan sólo del 2010 al 2015 el monto prácticamente se duplicó al pasar de 9 mil 626.9 a 17 mil 655.6 millones de pesos; luego, nuevamente tuvo otro aumento y en 2020 el monto ya ascendía a 25 mil 152.9 millones de pesos.
En los años 2021 y 2022 se mantuvo alrededor de los 29 mil millones de pesos y para el 2023 llegó a 36 mil 951.5 millones, en este 2024 la cifra se fue hasta los 43 mil 328.9 millones y para el 2025 estará en el margen de los 44 mil 30.2 millones de pesos, debido a que el gobierno debe inyectarle recursos para que cubra sus obligaciones, de prestar el servicio a la población derechohabientes y pagar las jubilaciones.
El secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores Jiménez, reconoció que ante el actual escenario por el cual atraviesa el Instituto de Seguridad, con una contingencia de 13 mil millones de pesos, se requiere una “cirugía mayor”, lo cual indica que es necesaria una reforma lo más pronto posible.
Al ser cuestionado en qué plazo debe estar, indicó que no quiere generar alguna expectativa o compromiso al respecto, donde deben revisar el escenario estatal, nacional e incluso internacional, para darle al Instituto un tratamiento especial.
Por su parte, el consejero jurídico del gobierno estatal, Jesús George Zamora, dijo que todavía no tienen lista la propuesta para actualizar la ley del ISSEMyM, pues es un tema que sigue en desarrollo y bajo un análisis muy cuidadoso para tomar la mejor decisión durante el siguiente año.
Actualmente tiene una cartera pendiente de cobrar superior a los 4 mil millones de pesos de diferentes instancias, en especial de los cuerpos de seguridad y tiene decenas de peticiones de jubilación en espera de una respuesta.
El contralor interno del ISSEMyM, Victorino Barrios Dávalos, señaló que como parte de su función está revisando todas las adquisiciones para verificar se cumpla la ley y no se lesionen más las finanzas del Instituto.
Destacó que durante el sexenio de Alfredo del Mazo como gobernador, sólo se dictaminaron 3 mil 670 pensiones y en el año tres meses de esta administración ya van cerca de 11 mil dictámenes, pues antes el promedio de atención era de dos años y ya se logró reducir a nueve meses, por lo cual muchas personas meten amparos y logran presionar al Instituto a atender sus obligaciones.
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