Un total de 100 millones de pesos es lo que tendría que cubrir el estado y los municipios en aproximado por las 2 mil 400 sentencias emitidas a favor de ex trabajadores del estado y municipales que fueron despedidos de forma injustificada en administraciones pasadas, expuso el secretario del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, Óscar Javier González Hernández.
El funcionario señaló que este número se debe a que ha sido una “herencia institucional” que ha multiplicado su número sexenio tras sexenio, por lo que esperan que en la administración corriente se logre avanzar en la liquidación por ley a la que tienen derecho los trabajadores que brindaron sus servicios.
“En este contexto tenemos 2 mil 400 expedientes que tiene el Tribunal de Arbitraje, instancia que se dedica a recibir lo oficial. Esta es una herencia institucional; tenemos juicios que no solo corresponden a la administración 2016-2022, incluso hay de administraciones anteriores, tenemos juicios en el Tribunal de Arbitraje que se están desahogando”, comentó.
En este contexto, explicó que el recurso legal es amplio cuando sale una sentencia se ampara y vuelven a revisar el procedimiento “y así nos vamos, pero se procede conforme a derecho y puedo garantizarlo, y se está informando permanentemente al estado de los laudos que tiene en su contra para que prevea los recursos y vaya liquidando a los trabajadores pagándoles lo que pode derecho les corresponde.
“Hablaría de 100 millones de pesos que se tendría que cubrir por las sentencias emitidas. Es por ello que estamos trabajando en los municipios, que son el ente más débil económicamente de los tres niveles y si los presidentes comenten errores de despedir injustificadamente sin cubrir los derechos de la clase trabajadora, se generan demandas que, a la larga, les genera un daño económica a los escasos recursos que tiene”, explicó.
Señaló que estas sentencias son municipales y estatales, pero también de organismos descentralizados, desconcentrados, gobierno del estado y de los 84 municipios, “es por ello que los jurídicos deben estar preparados para saber de derechos que tienen los trabajadores antes de prescindir de ellos”, dijo.