La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha identificado que los cuerpos de algunas víctimas de desaparición forzada durante la llamada "guerra sucia" fueron entregados al Servicio Médico Forense del entonces Distrito Federal.
Esto se dio a conocer durante un informe de avances de la “Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990”, de la forma parte la CNB.
“Desde el año 2020 procesamos las bitácoras de ingresos al servicio médico forense del Distrito Federal bajo la hipótesis cada vez más confirmada de que al menos una parte de las personas desaparecidas en el período fueron entregadas al Semefo en calidad de desconocidos”, comentó Javier Yankelevich, integrante de la Comisión Nacional de Búsqueda.
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Asimismo, informó que se han realizado trabajos de prospección y excavación con el objetivo de poder encontrar algunos de los lugares donde pudieron haber sido depositados los cuerpos de las personas que desaparecieron, ya que algunos pudieron haber sido lanzados al océano y se requiere una operación especial de búsqueda para poder localizarlos.
También destacó el uso del Sistema Angelus, que es un programa de computadora que permite a un equipo de trabajo organizar y describir documentos, extraer y estructurar datos, así como consultar y cruzar documentos y bases de datos.
En la presentación del informe se dio a conocer que algunas personas que participaron en las detenciones, torturas, desapariciones y ejecuciones, están identificadas desde hace años en averiguaciones previas.
Esos documentos permiten determinar los planes, la preparación y la intervención recurrente de una serie de perpetradores que intervenían en los actos.
Por otro lado, mencionaron las distintas acciones que la Comisión para el acceso a la Verdad ha realizado entre 2022 y 2023, entre ellas la inspección a 5 distintas instalaciones militares en las que se cometieron violaciones a los derechos humanos. Ingresaron al Campo Militar 1, la 27 zona militar de Acapulco y el cuartel de la novena zona militar de Culiacán, Sinaloa, entre otras instalaciones castrenses.
Durante estas acciones de reconocimiento e inspección se contó con la participación de 111 personas de las cuales 59 eran familiares de víctimas, 43 sobrevivientes y nueve acompañantes.
Asimismo. se informó que se ha realizado un levantamiento testimonial en 21 entidades con 831 participantes, así como 100 entrevistas informales y 126 viajes de trabajo de campo para continuar con los trabajos del mecanismo de esclarecimiento histórico.
A la par, se ha estado gestionado la apertura de archivos de las Fiscalías estatales de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el Centro Nacional de Inteligencia, la Dirección General de Polícia y Tránsito del DF (Tlaxcoaque), el departamento Asuntos Religiosos de SEGOB y el Estado Mayor Presidencial.
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Entre los avances, se reportó que durante dicho período se extendió la práctica de que la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca y otros funcionarios fueran quienes realizaran detenciones ilegales, argumentando razones de seguridad nacional.
Sin embargo, respecto a la obtención de datos se lanzó a la par de este informe un reporte llamado “Las formas del silencio”, en donde se documentan las negativas por parte de la Sedena para brindar información que ayude a esclarecer los hechos ocurridos en la llamada Guerra Sucia.
En dicho documento se encuentran desglosadas la acciones que se han intentado llevar a cabo por parte de la Comisión y las respuestas que se han obtenido por parte del Estado siendo que estas son consideradas una violación a los derechos humanos y el acceso a la justicia, ya que aseguran que hay información de interés que ha sido negada y manipulada.
“Las dificultades impuestas por la Sedena transgreden las normas internacionales sobre el derecho a la verdad y a la memoria e incumplen el derecho por el que se crea nuestra comisión, así como a la Ley General de Archivos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, precisó David Fernández Dávalos, integrante de la Comisión.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por su parte informó que cuentan con un total de 2 mil 318 víctimas inscritas por hechos derivados del periodo referido como “Guerra Sucia”; de ellas mil 57 son mujeres y mil 96 son hombres.
Dentro de los registros, la mayor parte de las víctimas son indirectas y se encuentran en grupos etarios por debajo de los 50 años; mientras que en su mayoría las víctimas directas se encuentra en un rango de edad de 55 años o más.
E informaron que de enero de 2022 a agosto de 2023, se han erogado $32 millones 826 mil 518.28 pesos a 216 víctimas de la “Guerra Sucia” por concepto de medidas de ayuda inmediata (alojamiento y alimentación, traslados, gastos médicos y medidas de compensación).
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HCM