Los mecanismos de contención en contra del 'Plan B' de la Reforma Electoral avanzan, pues el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, aceptó a trámite la controversia constitucional que interpuso León y otros siete municipios del estado de Guanajuato; Acámbaro, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Coroneo, Dolores Hidalgo, Pénjamo y San José Iturbide, contra dicho plan.
Fue el pasado 13 de febrero de 2023, que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, como titular de la Asociación Nacional de alcaldes, dio a conocer que se presentaría dicho recurso legal en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que conforman la primera parte del Plan B.
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De manera específica, la controversia constitucional va en contra de la reforma al Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, aprobada el 27 de diciembre del 2022, la cual vulnera la autonomía de los municipios para ejercer sus recursos en materia de difusión, al establecer que el 0.1% es el porcentaje máximo del presupuesto que cada órgano de gobierno puede destinar para el área de comunicación social.
Ello, reduce a su mínima expresión, la posibilidad de que los municipios, estados y federación contraten publicidad con los medios de comunicación. Asimismo, la controversia constitucional. Además de invadir las competencias tanto del congreso local como de los municipios, la reforma del Plan B, también vulnera el derecho a la información para los ciudadanos, ya que es a través de los medios que se da a conocer: Campañas de salud, vacunación, información relativa a la seguridad, servicios públicos, entre otros.
Además de los municipios mencionados de Guanajuato, la Suprema Corte también le dio entrada a los presentados por Metepec, Chapa de Mota y Huixquilucan, Estado de México; General Cepeda, así como Sabinas en Coahuila, los municipios de Durango y Mérida. Corregidora, en Querétaro; y Venustiano Carranza, en Michoacán.
MLMG