David Fernández Dávalos, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), explicó que el discurso oficial de la Guerra Sucia es que quienes se alzaron en armas eran desviados sociales; sin embargo, ahora se requiere construir una nueva narrativa centrada en las víctimas.
El también integrante de la Comisión para el Acceso a la Justicia y la Verdad en México y quien forma parte del equipo responsable de las indagatorias sobre la Guerra Sucia, resaltó que, el antecedente histórico de la segunda mitad del siglo XX debe ser recuperado para comprender el presente y vislumbrar posibles horizontes.
La llamada “Guerra Sucia” es un periodo en la historia de México que comprende desde el año 1965 y hasta 1990, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, que se caracteriza por múltiples violaciones a los derechos humanos en contra de opositores, organizaciones estudiantiles, movimientos sociales y campesinos y grupos guerrilleros.
En México, la primera Comisión de la Verdad está investigando los crímenes de Estado ocurridos durante la “Guerra Sucia” en el marco de una serie de movimientos guerrilleros. Aquel periodo de corte autoritario fue sustituido por el paradigma neoliberal consolidado durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, sus efectos estructurales prevalecen intactos.
“La narrativa oficial es que quienes se alzaron en armas eran desviados sociales, delincuentes comunes, pandillas. Nosotros tenemos que construir una nueva narrativa centrada en las víctimas. Para ello, la Comisión de la Verdad se ha encargado de recolectar testimonios de forma colectiva y revisar archivos históricos. Resulta fundamental, comprender y reintegrar a las personas estigmatizadas durante este periodo”, apuntó Fernández Dávalos.
Durante ocho meses, el equipo de la Comisión para el Acceso a la Justicia y la Verdad en México se ha centrado en tres momentos históricos: la contrainsurgencia frente al comunismo; la modernización del campo en favor del sector privado, y la aparición de las disidencias políticas y sexogenéricas.
Entre los primeros hallazgos se detectó que el ejercicio de la violencia a través del ejército y las policías formales garantizaba la seguridad política del Estado; a cambio, las fuerzas castrenses podían gestionar el crimen a placer.
“Estos agentes estaban encargados de disciplinar a las disidencias: los golpes al crimen menor, las mujeres rebeldes y la comunidad LGBT+ eran fuentes de legitimidad frente a la opinión pública”, destacó.
Durante la inauguración de la Maestría en Derechos Humanos y los posgrados en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, Fernández Dávalos explicó que, de alguna manera, el ejército, al mismo al que ahora se le están dando más atribuciones, presenta en su historia, vínculos con el narcotráfico y parte del presente se puede explicar por lo sucedido en el pasado.
“No ha habido un proceso de transición democrática ni de renovación de las instituciones. La Comisión de la Verdad no toca el tiempo actual, pero lo que está ocurriendo en el país tiene su origen en aquella época. Es un ejército vinculado con el narcotráfico, al mismo al que le están dando atribuciones desmedidas”.
Fernández Dávalos añadió que el sistema de justicia que se consolidó en los años 60 garantiza el sostenimiento de un modelo económico basado en la acumulación, el despojo y la extracción.
“Ahora, el trabajo de la comisión nos permite entender cómo se han transformado las violencias del Estado hasta el momento actual”.
Por último, el ex rector de la Ibero Puebla reconoció que el presente es el mayor desafío y ahora resulta fundamental desnudar la operatividad de la represión estatal desde su origen.
CHM