Para cumplir estándares internacionales de justicia es necesario fortalecer la autonomía presupuestal de los poderes judiciales de los estados, pues una buena administración de justicia es costosa y una mala administración más, señaló el presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), Ricardo Sodi Cuellar, luego de enfatizar que en lugar en hablar de austeridad debe existir suficiencia presupuestal y racionalidad del gasto.
Durante el tercer día de trabajo de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, en la cual se abordó el tema “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial” planteó que el tema está en aplicar los recursos de manera oportuna, transparente y eficiente, para tener más personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo para alcanzar un efectivo acceso a la justicia.
El funcionario judicial pidió no soslayar los costos en dinero, tiempo y calidad profesional, tomar en cuenta las necesidades de los estados y enfocarse a fortalecerlos y desde la experiencia local buscar la mejor reforma posible, con perspectiva republicana y federalista, partiendo de indicadores que reflejan la realidad, donde se tome en cuenta que las entidades cuentan, en promedio, con 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes y en casos como el Estado de México sólo 2.8.
“Somos un país con altos índices de litigios e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago. Uno de los primeros objetivos de una reforma integral sería abatir dicho rezago o al menos disminuirlo” donde el estándar internacional señala que deben ser 18 impartidores de justicia por cada 100 mil habitantes, pero siendo realistas propuso empezar con 10 jueces.
Para fortalecer la autonomía presupuestal en los poderes judiciales de los estados, Ricardo Sodi, consideró necesario incorporar a la Constitución General el principio de que los presupuestos de los poderes judiciales locales sean progresivos e irreductibles y nunca inferiores al 4 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente.
Asimismo, planteó crear un fondo de apoyo para la impartición de justicia en las entidades; exentar a los poderes judiciales locales de los límites de 3 por ciento como máximo para aumentar el gasto en servicios personales, entre otros aspectos.
Independientemente de los mecanismos concretos para su designación, el magistrado conminó a aprovechar la experiencia de los jueces y magistrados locales y federales, y fortalecer la carrera judicial con concursos de oposición que habiliten para desempeñar la función jurisdiccional en todo el país
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