El presidente de la Central FSTSE, Joel Ayala Almeida, informó que solicitó a la Secretaría de la Función Pública una prórroga con los gobiernos federal y de la Ciudad de México para que los trabajadores al Servicio del Estado rindan su declaración patrimonial hasta el 31 de diciembre de 2021.
Para ello, se buscará acordar con la Secretaría de la Función Pública (SFP), el gobierno de la Ciudad de México y los 82 sindicatos que integran la FSTSE, la impartición de cursos de capacitación a cada uno de los trabajadores. Esto, para clarificar todos los procesos y tecnicismos que implica dicha declaración, la que inicialmente el gobierno federal había solicitado que se rindiera este 31 de mayo.
Ayala Almeida estableció que realiza las gestiones ante la Secretaría de la Función Pública para ampliar la prórroga establecida el 31 de mayo y pasarla a finales de año.
Y así, dijo, cumplimiento con todo lo concerniente de capacitación y orientación para los trabajadores en respecto a su declaración patrimonial.
En entrevista telefónica, el líder de la FSTSE garantizó “la seguridad en el empleo, la estabilidad laboral, la no imposición de sanciones ni actos de persecución hacia los servidores del gobierno mexicano; no son delincuentes, son trabajadores”. Además, advirtió, en su gran mayoría “reciben salarios limitados y precarios”.
El dirigente dijo que “estamos obligados por la ley a cumplir con la declaración patrimonial” y, para ello, la es esencial contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de ello.
“Garantizamos una defensa total del empleo, no habrá sanciones” en este proceso hoy obligatorio.
“Buscamos alcanzar un convenio de colaboración con los gobiernos federal y de la Ciudad de México. Existe la voluntad de trabajar para cumplir con lo que obliga la ley, conforme a lo pactado: orientación, ampliación del año fiscal hasta el 31 de diciembre próximo y el otorgamiento de los implementos tecnológicos necesarios”, reiteró.
Por otra parte dijo que buscarán en junio próximo presentarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una petición de incremento salarial y en las prestaciones sociales, así como la basificación (en sus plazas) de miles de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México”.
Esto, “porque alrededor del 60 por ciento carece de seguridad social y por ahora sólo existe una caja de ahorro para brindarles seguridad social integral”.
LP