La Agrupación Consulta México A.C., denunció públicamente la ilegalidad que comete desde el 2013 el municipio de San Pedro, al cobrar 10 pesos por parquímetros, violando la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León.
Jorge A. Gámez, quien preside esta asociación civil, señaló que lo que la Ley establece es un cobro de 2.50 pesos, por lo que el resto del monto pagado por el ciudadano se lo apodera ilegalmente el ayuntamiento sampetrino.
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“Si van a cobrar que lo hagan legalmente, que se cobre lo justo, lo que marca la ley: 7.50 pesos de cada 10 pesos que cobra San Pedro Garza García por parquímetros son ilegales.
“Están desobedeciendo la Ley Estatal de Hacienda para los Municipios de Nuevo León; la tarifa está etiquetada para No Residentes y aun así se le cobra a los sampetrinos”, dijo en un comunicado.
Gámez indicó que la Asociación Público Privada (APP) con la compañía San Pedro Meters terminó en el 2013, por lo que toda la recaudación actual es para la Tesorería del municipio.
“No hay fundamento para cobrar una tarifa de 10 pesos. Como organización, nuestra misión no es golpear políticamente al gobierno, si no impulsar la participación ciudadana y mejorar las administraciones públicas y políticas públicas en nuestro Estado", comentó el presidente de Consulta México, A.C.
Vía la Dirección de Comunicación Social se solicitó el monto recaudado por este concepto durante las gestiones de Ugo Ruiz Cortés y Mauricio Fernández Garza y a la fecha, desde que entró el alcalde Miguel Treviño de Hoyos, información que hasta el cierre de esta edición no se entregó.
El 15 de octubre del 2013, el Cabildo de San Pedro acordó, por unanimidad, autorizar a la administración del entonces alcalde Ugo Ruiz Cortés, la terminación anticipada y voluntaria del contrato de asociación público privada que firmó con la empresa San Pedro Meters.
El contrato que terminaba era al relativo a la adquisición, instalación, operación, administración y mantenimiento de 140 parquímetros que controlarían 2 mil 528 espacios de estacionamiento, distribuidos en el área de Centrito Valle y el Casco de San Pedro, pagando para ello, por concepto de indemnización, la cantidad de 72 millones 500 mil pesos, IVA incluido.
En ese momento, se rescindió el contrato por considerarlo desventajoso para el municipio, ya que estipulaba que éste sólo recibiría el 20 por ciento de los ingresos, mientras que el 80 por ciento sería para la empresa.
El acuerdo incluyó dar por terminado el contrato y recibir la propiedad mediante la donación irrevocable de 120 parquímetros y demás equipo, así como de la propiedad y/o concesión de las tecnologías, licencias, permisos y accesorios relacionados con dicho equipo.
El municipio consideró que el sistema de recaudación y control directo para el cobro de los derechos que los ciudadanos pagan, por el uso de los cajones de estacionamiento controlados por los parquímetros, se trataba de un proyecto autofinanciable que impactaba favorablemente las arcas municipales.