Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, denunció una serie de supuestas irregularidades en los 55 nuevos verificentros que entrarán en operación el 1 de julio en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, acusó que se desconoce el domicilio de esos verificentros, así como el número de líneas con que van a operar y a qué número de teléfono los usuarios podrán hacer sus citas.
Por ello, indicó que se solicitó a la unidad de transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente esa información, la cual respondió que aún no cuentan con un sustento legal y objetivo, por lo que consideró necesario reservar la información hasta en tanto no cuenten con esa información.
Acompañado por su asesor jurídico Gustavo Soto y el coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, se dijo extrañado de esa reserva cuando se trata de un programa de carácter público, de interés general y la población desea saber dónde están ubicados para hacer cita y dar cumplimiento con su trámite de verificación.
Mencionó que los verificentros deben contar con todos los permisos, autorizaciones y trámites que les sean requeridos para su establecimiento y operación en materia de construcción, uso de suelo, protección civil y vialidad, entre otras.
Torres Anzures, que representa a 18 dueños de verificentros y dos mil familias, a las que -aseguró- no se les permitió realizar ningún trámite en la convocatoria para abrir las nuevas instalaciones, dijo que las autorizaciones se dieron aun cuando los centros de verificación no contaban con las mismas.
También presentó un punto de acuerdo en el que la Asamblea Legislativa exhorta al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y a la secretaria de Medio Ambiente local, a que en un plazo no mayor de 10 días hábiles presente un informe de los criterios que siguieron para la calificación documental de los concursantes que atendieron a la convocatoria.
Además, solicitan que en un plazo de 15 días, el listado de los Centros de Verificación Vehicular, su ubicación y las constancias de uso de suelo.
También, que en un plazo de tres días informe a la Asamblea Legislativa de manera amplia y detallada las ventajas que los nuevos equipos de verificación para el medio ambiente, así como cualquier implicación monetaria o de otro tipo que el nuevo programa de verificación implicará a los contribuyentes.