El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana denunció la colocación de tortillerías "pirata" en la Zona Oriente del Estado de México, que ofrecen un precio menor al del mercado y se acreditan como parte del Gobierno Federal.
El presidente del Consejo Rector, Sergio Jarquín, aseguró que los responsables de esta red de tortillerías abrieron la primera sucursal en el municipio de Valle de Chalco y detalló que los propios representantes de ésta reconocieron ante el sector que forman parte de una red de negocios que se abrirán en el territorio mexiquense en los próximos meses.
"Los dueños de esta tortillería en Valle de Chalco nos dijeron que pertenecen a la organización Movimiento Nacional por un Mejor País, yo no quisiera creerlo pero parece que es verdad, puesto que tienen el poder y el dinero para hacerlo, ellos se escudan de que las tortillerias son de Higinio Martínez y Juan Hugo de La Rosa, senador de la Republica y alcalde de Neza".
Enfatizó que "son precios cuestionables, lo cual constituye una competencia desleal para las familias que han vivido por años del oficio, además de que los responsables han tratado de acreditarlas como parte de un programa federal inexistente, al usar de manera ilegal los logotipos de la Secretaría del Bienestar y de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en sus fachadas, lo cual constituye un delito", dijo el líder durante conferencia de prensa.
Diferencia de precios...
Estos establecimientos ofrecen el kilogramo a nueve pesos, mientras que en el mercado el precio promedio es de 16 pesos, derivado de los incrementos de hasta 30 por ciento que han tenido los insumos durante la pandemia.
“Tan solo el maíz seco en costal que se requiere para un kilogramo de tortilla cuesta 7.60 pesos, a eso hay que agregarle el resto de los insumos, como las harinas y el gas que han tenido variaciones importantes, la energía eléctrica y la gasolina, entre otros.
"Es imposible ofertar este alimento a esos costos tan bajos, por lo que es necesario que las autoridades investiguen de dónde están saliendo los recursos para financiarlas, quién las está financiando y por qué, porque pueden ser la gran caja de pandora de un negocio sucio”, agregó.
En la fachada de estás tortillerías han empleado logotipos oficiales de dependencias del Gobierno de México, "para hacer creer a las personas que son parte o están respaldadas por el gobierno federal", cuando hasta el momento no se ha anunciado un programa que contemple este beneficio.
“Necesitamos que el gobierno federal se deslinde públicamente de dichos negocios, pues tanto la Secretaría del Bienestar como Segalmex, ya descartaron que formen parte de algún programa público que ellos manejen en las mesas de negociación que tenemos con ellos desde hace varios meses, pero es algo que la gente no sabe", aseguró.
El líder tortillero también pidió la intervención de la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como las comisiones Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), para analizar la competencia desleal que provoca la venta de esta tortilla, que podría afectar la economía de las cientos de familias que dependen de su comercialización.
KVS