El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que sostuvo una reunión con el fiscal, Luis Joaquín Méndez, y el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra, para conocer los avances en el caso de la desaparición de siete jóvenes que trabajaban en dos call center de Zapopan. Adelantó que se trata de un caso cada vez más complejo.
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Detalló que las investigaciones arrojan que estos sitios, no eran call center como se había venido informando, sino más bien corresponden a un centro de operaciones de otra naturaleza.
Alfaro hace contacto con SSPC
El mandatario jalisciense dio a conocer que entabló comunicación con la secretaria de Seguridad del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, ya que existe la posibilidad de que en el caso haya delitos del ámbito federal.
Reiteró a la ciudadanía el seguir el caso a través de las fuentes oficiales para evitar especulaciones, y aseguró que la prioridad es encontrar a los jóvenes sanos y salvos.
“Por lo pronto, la prioridad es localizar a las personas desaparecidas y para ello se ha desplegado un amplio operativo que trabaja sin descanso”.
En las últimas horas la Fiscalía del Estado informó que al realizar un cateo en la primera vivienda involucrada en el caso, ubicada en la calle Víctor Hugo, en la colonia Jardines Vallarta en Zapopan, se encontraron documentos diversos, mariguana, un trozo de tela con mancha rojiza, pizarrones con anotaciones de nombres de personas extranjeras, anotaciones de membresías o tiempos compartidos, metas económicas a lograrse y una operación al margen de la ley, ya que no contaba con licencia comercial.
En el segundo cateo, realizado en una finca de la calle Johannes Brahm, en la colonia La Estancia, en Zapopan, se aseguraron: documentos varios consistentes en listados de nombres y datos de contacto, pizarrones con nombres de personas extranjeras y metas económicas; una bolsa con vegetal verde, así como un vaso de plástico también con vegetal verde, una máquina para contar billetes; discos duros y memoria USB, equipos de cómputo que en su mayoría presentaban ausencia del CPU, cables trozados, un rack sin el equipo propio para almacenar información, diversas identificaciones, tarjetas departamentales, así como anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer abordaje telefónico a personas extranjeras.
Este caso podría estar vinculado con las empresas ilegales que fueron señaladas el pasado 27 de abril del año en curso por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales realizaban fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en inmuebles de Puerto Vallarta, afectando con dichas transacciones a personas de la tercera edad en retiro o jubilación de nacionalidad estadunidense.
Además, se determinó que uno de los desaparecidos y el abogado que realizó las labores de arrendamiento de la finca de Jardines Vallarta tienen antecedentes de fraude.
MC