Para Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), insistir en eliminar el outsourcing ocasionaría el caos en una economía con crecimiento mermado, y este debate no debiera centrarse en si dejar, o no la subcontratación de personal, sino en sancionar a quienes han cometido prácticas ilegales.
Expuso que México está en un periodo de crisis, marcado por 44.5 por ciento de su población en pobreza laboral, cifra que supera el 35.7 por ciento, registrado en abril de 2020; y un aumento considerable en la tasa de subocupación, pasando de 8.5 a 17 puntos porcentuales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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“Sancionar a quienes han cometido prácticas ilegales sería un ejemplo de congruencia con lo ya establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), y de que el país tiene la capacidad de respetar los marcos legales que existen”, sostuvo Leñero Llaca.
La postura del CEEF es que aunque exista una propuesta por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), sobre considerar que pudiera mantenerse la subcontratación por especialización, “pero sigue sin ponerse fin a las prácticas abusivas de algunas empresas, lo que permitiría al país crecer en generación de empleos, es mejorar la calidad de la subcontratación, no eliminarla, pues este esquema representa una estrategia de productividad y competitividad en el país.
“La postura por parte de las autoridades genera una polarización entre empresas, rompiendo con la cadena productiva en el país. Lo importante es que las autoridades vigilen, ese es el verdadero reto en el caso de esta iniciativa y de otras propuestas por el gobierno; saber trabajar con grupos institucionales y cumplir con lo establecido en las leyes mexicanas”, dijo.
Para el director del CEEF, la propuesta de un dictamen que contemple solo la especialización, sin la subcontratación lastima la actividad de muchas empresas que resultan estratégicas para la economía del país, por su nivel de productividad, una de ellas, la industria manufacturera. De acuerdo con un análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana, más de 40% de las organizaciones en este giro reportan haber maquilado, o haber sido subcontratadas por otras empresas.
“Utilizar la subcontratación es parte de una estrategia de productividad y de recursos humanos en las industrias, y las empresas pequeñas y medianas proyectan en este esquema, una mejor manera de gestionar a su talento y su producción. Borrar este esquema impacta en la posibilidad de aumentar la producción, satisfacer las especificaciones demandadas por los clientes y aumentar la capacidad de las empresas, esto a causa de una autoridad que tiene dificultades para hacer cumplir las leyes”, añadió el directivo.
Explicó que el CEEF tiene claro que se debe evitar un caos mayor del que ya existe, en términos de generación de empleos, “adaptarse a una iniciativa que no respeta a los sectores que contribuyen al desarrollo de la economía, no es regular la subcontratación, es imponer una disposición que no solo afecta a la economía interna, sino que va en contra de las relaciones comerciales de México con otros países”.
Indicó que 92 por ciento de las empresas norteamericanas, por ejemplo, utilizan algún esquema de tercerización para el desarrollo de negocios, de acuerdo con datos de The American Society of Mexico. Por lo que Leñero aseguró que esto es un ejemplo de porqué la decisión de eliminar este esquema puede deteriorar la inversión extranjera, y por consiguiente, se podría estar perdiendo la posibilidad de generar más de 2 millones de empleos formales.