La crisis de desapariciones en Guanajuato y la situación de las personas buscadoras fueron los principales temas abordados en una reunión privada entre Juan Pablo Alban Alencastro, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y diversos actores del estado.
Fabrizio Lorusso, académico y coordinador del cuerpo académico de desigualdad social de la Universidad Iberoamericana León, dio a conocer que el encuentro, realizado el pasado martes, incluyó a la Fiscalía General del Estado, el Gobierno estatal, el Poder Ejecutivo, organizaciones sociales y colectivos de búsqueda.
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"Hubo una serie de reuniones que fueron publicadas en redes sociales con Fiscalía y con el gobierno del estado del poder ejecutivo, pero también con organizaciones sociales y colectivos incluyendo plataformas por la paz, universidad iberoamericana de León y los más de 25 colectivos del estado en voz de sus representantes", declaró el expositor.
Lorusso comentó que, durante la reunión, se discutieron temas como la impunidad en los casos de desapariciones, la falta de protección a personas buscadoras, la seguridad, las amenazas y asesinatos de activistas, así como el aumento en las desapariciones. Además, se abordó la crisis forense en el estado, los cuerpos no identificados y las fallas en los registros oficiales.
"El tema de las drogadicciones como problema de consumo, salud de la población también fue tocado, es decir, las desapariciones es un tema interdisciplinario en donde las buscadoras y los colectivos son los que rápidamente tienen el pulso de la situación en los barrios, comunidades, etc. También se habló de un plan institucional y estatal por parte de Fiscalía, gobierno y comisión de búsqueda de en sumación de fosas comunes", expresó el coordinador.
También se habló sobre un plan institucional y estatal para la exhumación de fosas comunes en Guanajuato, en el que participarían la Fiscalía, el Gobierno estatal y la Comisión de Búsqueda. Sin embargo, Lorusso advirtió sobre el “escaso funcionamiento” del mecanismo federal de protección, que aún no reconoce de manera automática a muchas buscadoras y defensoras de derechos humanos.
"Se ventilaron las problemáticas, hay que reforzar el sistema estatal que sería el más directo, incluyendo porque no el sistema municipal, que ahí si dependería de seguridad pública municipal, policías en el cual hay fallas en la confianza recíproca o en la actuación rápida para poder sacar personas de emergencia extrema, amenazas, ataques, pero inmediatos en contra de colectivos o defensoras, pero también de mediano a largo plazo", concluyó.