Desde hace 13 años, Carlos Escobar Parra ha vivido con diagnóstico positivo al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); la estigmatización le ha llevado a sufrir discriminación, pues los falsos estereotipos de personas con VIH hacen que incluso sean criminalizados, razón por la cual él se ha convertido en un defensor de los derechos humanos.
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La discriminación afecta a las personas en su bienestar social y salud mental. En México, el índice de discriminación por diversidad sexual y de género en hombres fue del 30.2 por ciento y en mujeres del 44.6 por ciento, esto de acuerdo a datos del Encuesta Nacional Sobre Discriminación (Enadis), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada el 25 de mayo de este año.
Carlos descubrió la discriminación en el trabajo, cuando en 2019 por un error de impresión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la expedición de un comprobante médico, se hizo del conocimiento de sus empleadores su condición médica, hecho que desencadenó una serie de agresiones en su contra.
En la década de los setentas, las personas comenzaron a infectarse de VIH, pero la información ayudó a las personas a comprender que el VIH no es algo que se contagie solo por tocar a la persona, aunque esto lo desconocieron los empleadores de Carlos, pues comenzaron con negativas para permisos de ausencia por cuestiones médicas, confrontaciones sobre su diagnóstico a VIH, burlas y acoso por sus preferencias sexuales.
Todo un “calvario” fue lo que Carlos tuvo que vivir antes de que fuera despedido de forma injustificada bajo la excusa de “haber hecho uso indebido” de artículos de trabajo.
Las personas con VIH son una realidad en nuestro país y estado, tan solo en 2021, se registraron 4 mil 662 muertes relacionadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); 83.6 por ciento, 3 mil 896, fueron hombres y 16.4 por ciento, 766, correspondieron a mujeres. Esto según datos al 29 de noviembre de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) respecto a los indicadores relacionados con la prevalencia, mortalidad y tratamiento del VIH/ SIDA en nuestro país. Informe en que se reveló que en Puebla se registraron 158 muertes relacionadas con el VIH.
Obstáculos en la ley
La sorpresa de Carlos tras ser despedido, fue aún mayor cuando a pesar de haber apelado e iniciar un juicio por despido injustificado, bajo asesoría legal y con el apoyo de defensores de los derechos humanos, Carlos encontró más barreras para conseguir justicia, puesto que las propias leyes de Puebla eran un rival aún más grande a vencer.
Según el Artículo 213 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, todo aquel que “sabiendo que padece un mal venéreo o cualquier otra enfermedad crónica o grave que sea transmisible por vía sexual o por cualquier otro medio directo, pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona, se le impondrá prisión de treinta días a dos años y multa de veinte a mil Unidades de Medida y Actualización”.
Sumado a este, el Artículo 214 dictamina que, “En los supuestos previstos en el artículo anterior son aplicables las siguientes disposiciones: I Se presumirá el conocimiento de la enfermedad, cuando el agente presente lesiones o manifestaciones externas de trastornos fácilmente perceptibles; 316 II. Cuando se trate de cónyuges o de concubinos, sólo podrá procederse por querella de la parte ofendida; y la 317 III La pena se impondrá, sin perjuicio de las sanciones que correspondan si se causa el contagio o algún otro daño o lesión, o de los que resultaren por la transmisión de una enfermedad”
Ambos artículos antes resaltados, son “inconstitucionales, estigmatizadoras y violentan mi (del denunciante) derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, al acceso a la salud, derecho a la presunción de inocencia, a la igualdad”, señala Carlos Escobar durante su petición de amparo ante el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla en Turno, al cual añadió el que quizás por mucho es el más revelador de discriminación.
El Artículo 325, considera que “ Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud; por contagio venéreo o de alguna otra enfermedad fácilmente transmisible, según dispone el artículo 213, por asfixia o enervantes, por retribución dada o prometida, por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad.”, mismo que engloba a los pacientes de VIH/ SIDA como un arma letal al igual que las bombas o explosivos y de más formas de cometer homicidio; ante lo que Carlos resalta, “nosotros no somos un arma biológica”.
La batalla legal será larga, pero en la actualidad, Carlos busca junto a un grupo de abogados ganar un juicio contra el Congreso del Estado y el Gobernador de Puebla, para abolir los artículos 213, 214 y 325 del Código Penal de la entidad.
Urge hacer reformas
Aunque en México ya han existido otros casos de amparo ante estos artículos, en Puebla la iniciativa de Carlos por abolir dichos mandatos fue archivado meses atrás, sin embargo, Jaime de Jesús Reyes Jiménez, abogado del despacho “Montalvo y Terrones “ reformuló la promoción de amparo y protecciones e justicia federal, logrando que tras agotar tres recursos de audiencia, se diera el siguiente paso en materia penal para poner sobre la mesa la valides de los artículos en cuestión y su probable modificación.
A decir de Óscar Sánchez Terrones y Vladimir Montalvo, abogados de Carlos; la promoción de este amparo sería un parte aguas para la entidad, debido a que su propia consideración ya es un avance en materia legal para garantizar de raíz el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia para las personas con VIH.
Lo que queda evidenciado es que las personas con VIH no solo necesitan un trabajo que les brinde un salario y seguridad social para poder pagar sus tratamientos, de lo contrario formaran parte de la estadística que personas fallecidas con VIH que en 2021 no contaban con afiliación a una institución de salud, y el porcentaje equivale a un 40.3 por ciento, es decir mil 449 personas.
En contraste solo un 31.1 por ciento con VIH en el país cuenta con una afiliación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 6.8 por ciento estaba afiliado al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Seguro Popular o IMSS-Prospera y 2.9 por ciento (137) a otras instituciones, según los indicadores relacionados con la prevalencia, mortalidad y tratamiento del VIH/ sida en México.
Del mismo modo, el denunciante y su defensa legal, aseguran que gran parte de la problemática para generar avances contundentes en este tipo de amparos, es la poca disposición y apertura por parte del Ministerio Público y del propio Congreso del Estado, para litigar en favor de la igualdad.
La entidad poblana, se ha mantenido en los primeros puestos de discriminación a personas lgbtttiq+ en los últimos tres años, con una creciente exponencial, por lo que de ganarse este amparo, el Congreso y el Gobernador del Estado, tendrían que replantear la posible abolición de los Artículos 213, 214 y 325, y con ello emprender un camino más justo y equitativo en Puebla.
Es necesario precisar que las personas con VIH no solo son solteros como Carlos, no solo están en una etapa económicamente activa sino que también hay personas viudas, divorciadas, casadas, en unión libres y separadas, en esta condición. Hay un 4.6 por ciento de la población en Puebla que aún no ha sido notificado que es portador del VIH. Pues nuestra entidad está entre los 12 estados que tiene entre el 2.0 y el 4.6 por ciento de población con VIH.
CHM