El Estado debe quedar obligado a garantizar el derecho a la ciudad, con una perspectiva incluyente, sustentable y sobre todo segura, coincidieron en señalar los y las parlamentarias que trabajan en la conformación de la nueva Constitución para el Estado de México.
Durante el Parlamento Abierto, destacaron la necesidad alinear todos los programas y políticas estatales y municipales con la agenda 2030, trabajar en el cuidado y restauración del medio ambiente, desde la correcta disposición de los residuos hasta la mejora de los rellenos sanitarios.
Además, hicieron hincapié en la necesidad de garantizar la calidad de los servicios públicos, que los funcionarios públicos estén capacitados, que cumplen un perfil específico y estén certificados en el área, quienes tienen a cargo direcciones para evitar que lleguen a improvisar.
Pidieron planes de desarrollo urbano participativos, donde cada colonia o barrio tenga posibilidad de proponer y saber qué se va a hacer para que sirva de vigía para garantizar el correcto crecimiento, sin sacrificar espacios verdes ni generar más conflictos viales urbanos.
Por su parte, el coordinador general del Secretariado Técnico para la Reforma Integral de la Constitución y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), Mauricio Valdés Rodríguez, reconoció que las instituciones han sido incapaces de dar mejor calidad de vida a mexiquenses, pero es momento de considerar nuevas formas de gobierno en las ciudades.
Durante los trabajos de la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural, Medio Ambiente y Sustentabilidad subrayó que la entidad requiere cambios en la Constitución Federal porque hoy solo considera tres órdenes de gobierno: el federal, estatal y municipal, pero no hay un régimen de gobierno de las ciudades.
“Vivimos una transición, sin duda, hay debates que incomodan a algunos, ni modo, cuando hay una transición y está surgiendo algo nuevo, es como un parto de una nueva entidad, donde las instituciones han sido incapaces para conducir mejor la vida de los mexiquenses y este tema del desarrollo urbano lo muestra claramente”, apuntó Valdés.
Durante los trabajos han estado analizando 36 iniciativas donde se pidieron mecanismos para integrar a la sociedad civil en el desarrollo de la administración pública estatal y municipal, mediante foros de consulta en la realización de obras y servicios públicos y que se les tome en cuenta para organizar el plan de desarrollo urbano.
También se cuestionaron propuestas que insisten en el derecho a la ciudad, sin embargo, no se plantea el mecanismo para que las autoridades lo garanticen en el Estado de México que tiene los más altos niveles de corrupción y cuya inoperatividad de la burocracia en la cuestión medioambiental no funciona.
MMCF