Organizaciones que integran el Observatorio de Amnistía aseguraron que en el Estado de México, si bien es un referente nacional y supera al marco federal, opera bajo una mayor opacidad en los procesos de evaluación de solicitudes y no se tiene certeza de quiénes son los supuestos beneficiarios, lo cual no permite evaluar la eficiencia de su aplicación, además de que la respuesta de las autoridades judiciales a la peticiones presentan obstáculos de carácter administrativo que dificultan los trámites.
Lo anterior se desprende del primer informe sobre la operatividad de dicha ley en la entidad, de mayo de este año, a dos meses de que entró en vigor (5 de marzo).
Las organizaciones “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, “Civicus”, “CEA Justicia Social”, “Justicia Transicional MX”, “CEA Justicia Social”, En Vero”, “Hazme Valer” y el observador independiente Mariano Beltrán, emitieron el documento en el que cuestionaron los datos del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) en que para el 25 de abril había ya 50 personas liberadas al amparo de la Ley de Amnistía estatal.
“Hasta la fecha no disponemos de mayores datos o indicios sobre dichas personas, quienes presuntamente resultaron beneficiarias de la Ley de Amnistía, por ello, en ausencia de datos concretos que nos permitan corroborar información precisa y de carácter parcial procedente del poder judicial, este observatorio debe de considerar como hipotéticas estas cincuenta liberaciones anunciadas en el comunicado difundido por la autoridad”.
Por lo tanto, agregaron que hasta el momento no existe un registro que indique las circunstancias y los procedimientos bajos los que dichas personas beneficiarias hubieran sido liberadas, además de que no saben cuál fue el seguimiento que se les ha dado para que accedan a programas de reinserción integral.
El informe también se resaltó que no se tiene información desagregada por género, edad, tipo de delito, el centro penitenciario en el que se encontraban, así como otros datos indispensables para dar certeza de la correcta implementación de la ley, y conforme a los principios y modalidades de transparencia.
También, remarcaron que entre los primeros obstáculos para aplicarla se encuentran algunas dificultades de carácter administrativo, especialmente en la ventanilla de recepción de documentos, donde se rechaza el acta de nacimiento “bajo el argumento de que no se trata del formato solicitado, aún y cuando el sistema de expedición de actas certificadas se ha actualizado para expedirse en un formato distinto.
De igual forma dijeron que es recurrente que se prevengan las solicitudes bajo el argumento de que la copia de algún documento no sería legible, y negar el beneficio de la ley a aquellos casos que son “acompañados o presentados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, además de que el motivo más recurrente es la negativa de los jueces al solicitar la constancia de primo delincuente del solicitante, siendo que están facultados para realizarlo en caso de que sea necesario”.
Por otro lado, el observatorio destacó las deficiencias en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) al considerar que no tiene la capacidad de investigar y emitir pronunciamientos, ni ha dado a conocer sus lineamientos y procedimientos en los casos donde una persona privada de su libertad denuncie violaciones a sus derechos o al debido proceso.
Por ello, las agrupaciones afirman que la liberación inmediata bajo la Ley de Amnistía “no es suficiente” si no se cuenta con el registro riguroso y meticuloso de los beneficiarios, por lo que “ninguna legislación será eficiente si no hay claridad tanto en sus procesos como en sus resultados”.
Por lo que exigen mayor transparencia y profesionalismo de las autoridades tanto en la atención de las solicitudes como en las respuestas de peticiones de acceso a la información.
MMCF