En 30 de las 32 entidades federativas se sigue criminalizando a la mujer por interrumpir el embarazo en las 12 primeras semanas de gestación y la discriminan al señalar como atenuantes que no tenga mala fama, haya ocultado tanto su embarazo como su “deshonra” y sea producto de una unión “ilegítima”.
Durante el Seminario Permanente “Diálogos del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género” la presidenta de la comisión especial que da seguimiento a las alertas por desaparición y feminicidios en la entidad, Karina Labastida Sotelo, consideró urgente retomar el análisis del tema y reconocer este derecho en el Estado de México.
Por su parte, Rodolfo Domínguez Márquez, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, pidió a los diputados federales y senadores mantener las alertas de género y asignarles recursos porque visibiliza y atiende específicamente un problema que se agravó mucho más con la pandemia.
“La declaratoria de alerta de género como mecanismo de protección de mujeres va a ser discutida, hay una iniciativa para analizarla y apelar a diputados federales y a senadores a que se cumplan las recomendaciones de la CEDAW para fortalecer ese mecanismo de declaratoria que ha sido útil, importante.
Incluso debemos avanzar en quitar obstáculos, eficientar para que sirva y realmente garantice a las mujeres una vida libre de violencia, donde sería más necesario construir un mecanismo mucho más sólido, más fuerte que permita avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres”.
También, dijo, se debe garantizar que se asuman todas las obligaciones y lo plasmado en la ley y en los acuerdos no quede en “letra muerta”, aunque es evidente que aún falta mucho por avanzar en armonización legislativa para garantizar que las mujeres puedan acceder a servicios de interrupción legal del embarazo.
Señaló que sólo dos entidades han avanzado legalmente y dejan de criminalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, pero en el resto se hace desde la ley.
En tanto, la diputada Karina Labastida, pidió que no haya objeción de conciencia en la Legislatura y se definan ya las iniciativas que existen al respecto, donde México está obligado a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso las de carácter legislativo, para avanzar.
Es necesario, subrayó, derogar las atenuantes discriminatorias que existen en la legislación de varias entidades, donde considera un atenuante para aplicar la pena que la mujer no tenga mala fama y otros aspectos subjetivos que califican y discriminan,
Por su parte, Isabel Sánchez Olguín, comisionada de Atención a Víctimas en la entidad, recordó que en el país se han declarado 20 alertas de género contra las mujeres de 17 estados, incluyendo 272 municipios en todo el país, más los de Veracruz y Guerrero por agravio comparado, así como 7 mexiquenses por desapariciones.
MMCF