Javier Garza y Garza, fiscal especializado en combate a la corrupción en Nuevo León, consideró que cuentan con los hechos debidamente probados para demostrar ante un juez el abuso de autoridad del gobierno anterior en la requisa a la Ecovía, por lo que su objetivo en este caso es la vía penal y la posible prisión para los imputados.
La lista la encabeza el ex gobernador Jaime Heliodoro “N”, quien actualmente pasa sus días como reo en el penal de Apodaca, y la completan Roberto Russildi Montellano, ex secretario de Economía y Trabajo; Jorge Longoria Treviño, ex titular de la extinta Agencia Estatal del Transporte, y Manuel Benjamín González Fernández, ex director de Metrorrey.
En entrevista en el programa Nuevos Cambios, conducido por Víctor Martínez, el fiscal reconoció que lo único que tendrían que justificar sería si la responsabilidad recae en uno de los citados ex funcionarios o en los cuatro.
“Nosotros vamos fundamentalmente por un abuso de autoridad, creo yo que los hechos los tenemos debidamente probados dentro de la carpeta, ya lo único sería la interpretación que le pueda dar la autoridad judicial sobre si se constituye o no un delito, o una sanción administrativa, o una falta administrativa.
“Nosotros creemos que estamos ante la figura de un ilícito penal que pudiera tener una prisión posible en caso de comprobarse, vamos sobre eso; vamos para que la autoridad judicial nos califique si existe o no.
“Y en un momento determinado lo que trataríamos de justificar dentro del proceso es si existe la responsabilidad de alguno de estos cuatro funcionarios o de los cuatro; nosotros vamos por la vinculación y ya en su momento procederemos conforme a derecho”, destacó.
El ofendido en este asunto es el transportista Abelardo Jorge Martínez García, representante del Servicio de Transporte Tecno Ecológico, SA de CV.
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Con base en la audiencia que lograron para el caso de la requisa, con una carpeta que les llevó dos años preparar, Garza y Garza pidió al Poder Ejecutivo más apoyo para aportar pruebas.
“Para esta carpeta de la Ecovía nos llevó dos años para estar en la posición en la que podemos estar actualmente.
“En las demás carpetas debemos de tener mayores elementos probatorios dentro de la carpeta, no lo que se diga mediáticamente. Por parte de la Fiscalía, estamos en la disposición de trabajar lo más rápidamente posible”, aseguró.
Representantes de la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico interpusieron una denuncia por el acuerdo de fecha 13 de octubre de 2016 por medio del cual se determinó la requisa de los bienes y derechos de dicha compañía como titular de la concesión de operación del corredor Lincoln-Ruiz Cortines, denominado Ecovía.
Los quejosos José Alberto Almaraz González, Abelardo Jorge Martínez García e Ismael Garza García impugnaron la designación de Manuel Benjamín González Fernández como administrador de la Ecovía, y la de Jorge Regino Rivas González como subadministrador.
Pide a gobierno abstenerse de hacer comentarios
El fiscal Anticorrupción expresó que en el caso del gobierno, lo mejor es abstenerse de hacer cualquier comentario, dado que no se trata de una cuestión personal, sino de derecho, y de confiar en las autoridades.
Reiteró su llamado al gobierno estatal en apoyar e ir de la mano y dar seguimiento en las diferentes denuncias que existen, entre ellas por los posibles actos de corrupción en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en Isssteleón y en Metrorrey.
“Yo sí solicitaría al Poder Ejecutivo, fundamentalmente, que a través de los órganos interiores de gobierno, coadyuven con la función del Ministerio Público, que yo estoy completamente de acuerdo que nosotros tenemos que investigar, pero sí necesitamos que se nos apoye con más elementos de prueba que se dicen.
“Muchas veces se comentan algunas cosas y no necesariamente todas están dentro de las carpetas, entonces yo sí conminaría a seguir agarrados de la mano para que se aplique el derecho”, puntualizó.
Desconoce sobre tema de testigos protegidos
De igual forma, Javier Garza y Garza aclaró que a la fecha no se ha acercado con ellos ninguna persona para convertirse en testigo protegido.
Aunque, dijo, ha oído las declaraciones del Ejecutivo en ese sentido, hasta el momento no ve siquiera cerca que se pudiera aplicar esa figura.
“Ante mi Fiscalía Anticorrupción ahorita no ha habido ningún acercamiento de ninguna persona para estar en ese concepto; nosotros tendríamos que analizar si se dan los elementos que marca la ley para poder considerar a alguna persona como testigo protegido.
“Esas personas tienen una obligación ante la autoridad judicial para efecto de estar imputando a alguna persona, hasta el momento no tenemos, ni cerca, un criterio de oportunidad para ofrecer a alguien”, mencionó.
Por otra parte, agregó, los amparos que están promoviendo ex funcionarios y familiares del ex gobernador del estado son contra posibles órdenes de aprehensión.
Y, añadió, lo que se ve en las listas de acuerdos de los juzgados federales es que son amparos contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera o el Servicio de Administración Tributaria por embargos sobre las cuentas.
“Embargos derivados de naturaleza fiscal, no de actos de corrupción, eso sí hay que entenderlo muy claramente; las carpetas se llevan por actos de corrupción”, remató.
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