Las empresas que tratan Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) en Puebla aprovechan la vulnerabilidad en materia ambiental de los municipios en donde se instalan para incumplir con normas estatales y federales, sentenció Verónica Mastretta Guzmán, fundadora y consejera de Dale la Cara al Atoyac AC.
En entrevista para MILENIO PUEBLA, la activista compartió su punto de vista respecto a la denuncia que pobladores de San Baltazar Torija, en Cuautinchán, hicieron contra la empresa Servicios Profesionales Ecológicos (Spesa) por el basurero a cielo abierto con desechos RPBI en sus instalaciones.
A su parecer, Spesa pudo aprovechar que Cuautinchán carece de estructura en su ayuntamiento para tratar temas de impacto ambiental o, inclusive, el propio municipio desconoce las actividades que la empresa realiza en dicho predio.
"Todo cae en manos de los municipios. En el caso de Cuautinchán, todo Cuautinchán tiene una administración muy precaria, no tiene, por ejemplo, organismo operador de agua potable (...) igual lo tienen registrada como una bodega, no la tienen contemplada como una empresa de riesgo o de manejo de residuos peligrosos".
Puntualizó que los ayuntamientos, previo a otorgar licencias de funcionamiento a cualquier empresa, deben exigir que ésta le muestre los permisos estatales y federales correspondientes para su operatividad.
En el caso de Spesa, dijo, debió presentarse ante la autoridades de Cuautinchán con el aval del gobierno de Puebla para el transporte de los desechos, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para el manejo de residuos especiales.
Sin embargo, acusó que en realidad estos procesos ocurren de manera inversa, ya que varias industrias jamás cumplen con la normativa estatal o federal para evitar inversiones en infraestructura para tratar RPBI o aguas residuales.
"Normalmente, ¿qué pasa? Es completamente al revés; ellos llegan, se instalan, al ayuntamiento le pagan todo, le pagan los derechos y los rubros, muchos de los rubros que tendrían que venir con autorizaciones estatales o federales los dejan en blanco".
De acuerdo con Genaro Lozano, representante de Spesa, se ofrecen servicios en la entidad desde hace 22 años y afirmó contar con los permisos para operar, pues la acumulación se disparó por la pandemia del covid-19. Sin embargo, esta casa editorial tuvo conocimiento que en 2018 y 2019 la empresa fue denunciada por aglomerar RPBI a cielo abierto.
Federación no apoya con recortes presupuestales
Aunque Verónica Mastretta aseveró que la contaminación industrial recae en un primer punto en los municipios, también señaló que el gobierno federal no abona lo suficiente para resolver el problema si continúa haciendo recortes presupuestales a las entidades encargadas de cuidar los recursos y el ambiente.
Por ello, la también activista ambiental dijo que las inspecciones a una empresa son responsabilidad de Profepa o Semarnat, sin embargo, manifestó que éstas dependencias han sufrido recortes económicos de hasta el 75 por ciento en 2020, insuficiente para cubrir gastos como pago de personal, viáticos, gasolina, transporte y hasta el papel y la tinta para procesos burocráticos.
"Tú no puedes llegar a inspeccionar ese lugar si no llegas armado con una serie de procedimientos, estamos haciendo una denuncia en change.org por los recortes a nivel federal que le están haciendo, los recortes son brutales", finalizó la ambientalista.
mpl