La Misión Internacional para la Libertad de Expresión acusó que México es el país más mortífero para quienes ejercen el periodismo pues más del 99 por ciento de los asesinatos y desapariciones de periodistas siguen sin resolverse y no existen garantías para quienes ejercer esa profesión.
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La organización hizo un llamado al gobierno para reducir en al menos 2 por ciento anual la impunidad en los crímenes contra periodistas, así como implementar las 104 recomendaciones que la ONU hizo al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas "y poner fin al discurso oficial que estigmatiza y aumenta la vulnerabilidad de miles de periodistas en el país".
Como resultado de las reuniones con representantes del gobierno federal se acordó establecer con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) una reunión semestral sobre la aplicación del protocolo homologado de investigación en delitos contra la libertad de expresión.
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Además establecer una mesa de trabajo para cumplir las recomendaciones de la ONU y compromiso de bancadas legislativas de impulsar cambios en la materia.
Sin embargo, estos compromisos fueron considerados insuficientes para reducir la impunidad ya que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, declinó reunierse con la misión y la Fiscalía especial no se comprometió a reducir al menos en 2 por ciento la impunidad en crímenes contra periodistas.