Los próximos 15 y 16 de enero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA-MPT) realizarán el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y proyectos de muerte, en el que participarán organizaciones de México como de otros países. La sede será lo que eran las instalaciones de la fábrica embotelladora Bonafont, que se ubica en el municipio de Juan C. Bonilla.
“Donde compartiremos los sentires, donde compartiremos los dolores, porque también es bueno compartir, porque en la lucha hay dolor, no solo de la represión del estado sino también hay dolor porque a nuestra madre tierra la esta asesinando día a día”, comentó Juan Carlos Flores Solís, integrante del FPDTA-MPT.
Informó que la actividad iniciará a las nueve de la mañana con un rito, luego se efectuarán mesas de trabajo en el que tomarán parte integrantes de los pueblos originarios.
“Ese sábado y domingo también se realizará la Plenaria, a la que también se les invita, podrá ser de manera virtual o presencial”, destacó.
Por su parte, Omar Esparza Zárate, dirigente del Centro de Apoyo Comunitario de Trabando Unidos (CACTUS) de Oaxaca, confirmó su participación y anunció que aprovecharán el foro para denunciar la serie de hechos y daños que vienen sufriendo.
“Se han abierto proyectos sin que los pueblos estén consultados (…) este tipo de atropellos no pueden seguir ocurriendo (aprovecharemos) para denunciar este doble discurso del estado mexicano”, señaló.
Expresó que pedirán freno a la serie de arbitrariedades, “y que se ponga freno a los ataques que grupos delincuenciales contratados por las empresas hacen a las compañeras y compañeros que se oponen al daño de nuestro entorno”.
Hizo un llamado a las comunidades y a los pueblos a seguir organizándose e integrarse y fortalecer este frente contra este sistema que está destruyendo el sistema de vida de los pueblos.
Resaltaron que en este encuentro se dará también postura al acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre pasado sobre proyectos y obras de seguridad nacional, con el cual el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó que se cuentan con solo cinco días hábiles, para la obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar dichos proyectos u obras.
Expresaron que es improcedente que se permita que transcurridos los cinco días sin haberse emitido la autorización provisional expresamente, se considerara resuelta en sentido positivo y tendrá una vigencia de un año.
Mencionaron que cada una de estas órdenes merece un análisis jurídico a profundidad, no sólo porque son evidentemente inconstitucionales, inconvencionales e ilegales, sino también porque en sus actos de aplicación podrían violar derechos humanos de manera grave e irreparable.
Flores Solís recordó que pareciera que todos estos cambios a las leyes y reglamentaciones tienen como propósito muros laborales o cortinas de contención de la migración hacia la frontera norte.
Apuntó que tras la reunión de López Obrador con sus similares de Estados Unidos y Canadá, “se ve que le dijeron que estaban muy atrasados estos megaproyectos, ¿cómo les llaman? Muros económicos, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos, que es un plan que viene desde el norte del país justamente para retener la migración, hacer todos estos corredores industriales en el sur del país”.
Refirió que todos estos proyectos han sido retenidos gracias a la resistencia de los pueblos, “gracias también a todos los esfuerzos jurídicos que han llevado los pueblos y es en este contexto que el presidente López Obrador emite su acuerdo”.
Finalmente, dijo que “no son proyectos nuevos ya se manejaban desde los ochentas”.
CHM