La sentencia por las denuncias presentadas debido a las irregularidades detectadas en las plantas tratadoras de aguas residuales construidas en Tepeji del Río durante las dos administraciones anteriores a la actual, está por salir.
Lo anterior lo dio a conocer el presidente municipal, Salvador Jiménez Calzadilla, quien dijo que hay un avance importante en el proceso, después de que se presentara toda la documentación solicitada por las autoridades en la materia.
Reveló que el municipio ya tuvo que pagar algunas multas en relación a las omisiones que se realizaron por sus operaciones durante el anterior gobierno, encabezado por Moisés Ramírez Tapia.
A pesar del estado en el que encontraron las plantas tratadoras construidas en distintos puntos del municipio, dijo, su gobierno no dejó de operar las que están en condiciones de hacerlo.
Aunque dijo que dichas plantas no tratan el agua, y ejemplificó el caso de una instalada en la comunidad indígena San Idelfonso, pues aunque aunque su administración le dio un mantenimiento, dicha infraestructura no cumple con la función esperada.
Expresó que esta situación se repite en por lo menos 12 plantas tratadoras, de las 22 que su administración recibió, motivo por el que se iniciaron las denuncias correspondientes ante las instancias a fin de que se determinen las responsabilidades.
Recientemente Yenny Márquez Reyes, directora municipal de Ecología, reveló que más de la mitad de las plantas tratadoras del municipio operan fuera de la norma e incluso se encuentran saqueadas y vandalizadas.
Ante los hallazgos, el actual gobierno hizo las observaciones correspondientes sobre dicha infraestructura e incluso se interpusieron denuncias penales para sancionar las anomalías.
Las denuncias se interpusieron contra la empresa denominada Fideicomiso de infraestructura ambiental de los Valles de Hidalgo y contra los ex funcionarios municipales que resulten responsables por ese proyecto que costó aproximadamente 48 millones de pesos (mdp).
Y es que las plantas presuntamente se construyeron con sobreprecio, además de presentar defectos de diseño y no cumplir con el propósito para el que fueron creadas, lo que las hace inoperantes.
Pormenorizó que de las 22 plantas construidas, doce no están tratando el agua u operando bajo la ley en la materia, además de que presentan un daño por vandalismo o robo que superan el 60 por ciento de su infraestructura.
Durante toda la administración el tema ha generado controversia e incluso fue analizado en el pleno del cabildo para determinar las acciones a emprender, en este caso, el inicio de las denuncias por las anomalías detectadas.