Al menos 48 expedientes relacionadas con la llamada “Estafa maestra” prescribieron porque se agotó el plazo para investigar las faltas administrativas, informó el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Victorino Barrios Dávalos, luego de indicar que sólo subsisten tres casos, los cuales siguen serán determinados próximamente.
Durante la entrega del primer informe de labores que entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dio a conocer que ya canceló los salarios de los ex rectores que seguían cobrando salario como profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México y les retiró las unidades que tenían ilegalmente, pues ya estaban fuera de la institución.
Informó que en este primer año de gestión integró 321 expedientes, de los cuales 281 son considerados no graves, por lo cual le toca al OIC sancionarlos. Se trata de faltas por no manifestar bienes y diversas violaciones a la norma. En estos casos encontraron que no se observó buena conducta, pago extemporáneo del ISR, omisiones, daño al patrimonio público, observaciones en la entrega-recepción.
Entre estos están 48 casos que fueron enviados a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), para que continúen la investigación en la parte que a ellos corresponde, porque lo que le tocaba revisar al OIC ya prescribió, pues data de los años 2012 al 2017, cuando la Contraloría no hizo nada por deslindar responsabilidades.
Hay 40 expedientes por falta grave, donde encontraron:
- Contrataciones indebidas.
- Daño a la hacienda pública estatal.
- Conflicto de intereses.
- Desvío de recursos públicos.
- Enriquecimiento ilícito.
- Daño a la hacienda federal.
- Abuso de funciones.
- Hostigamiento sexual.
- Acoso.
- No atender requerimientos de la Codhem.
- Incumplimiento de las resoluciones del Infoem.
De los 321 casos, 205 siguen en investigación, 82 están en análisis, 15 fueron determinados y 19 se fueron al archivo.
Ex rectores gozaban de beneficios
En entrevista el contralor universitario subrayó que existe resistencia a cambiar muchos temas, como es licitar todo lo que se compra, pues siguen optando por la adjudicación directa que es más usada por la corrupción; no hay resguardo; el personal miente para faltar a clases con goce de sueldo; varios abogados buscaron ampararse en contra de declarar sus bienes, entre otros temas.
“La emergencia sanitaria dio lugar a excesos. Se hicieron enfermos. Un riesgo de la meritocracia y de la falta de compromiso con esta institución” indicó Victorino Barrios.
Aclaró que ya les quitó las unidades a tres ex rectores que ya no laboraban para la UAEMEX pero seguían cobrando y usando recursos materiales de la institución, pese a que estaban ya en la Comisión de Derechos Humanos, el Comité de Participación Ciudadana y en el gobierno estatal.
El salario que percibían era superior a 60 mil pesos, como profesor de tiempo completo, con la máxima categoría. Ya regresaron las unidades y se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y lograr el resarcimiento del daño causado al erario universitario.
El presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández, informó que legalmente no existe una obligación del OIC de informar a la Legislatura, pero es lo más correcto para cumplir con la rendición de cuentas, por lo cual buscarán reformas a la ley para establecer obligaciones a las personas titulares de los OIC que existen.
A este acto asistieron los y la coordinadora de los diferentes grupos parlamentarios, entre otros legisladores; sólo faltó el líder de la bancada priista, Elías Rescala Jiménez.
KVS