Para dar seguimiento a los programas del Plan Impulso Económico Gto, que han tenido gran demanda y fueron recomendados por la iniciativa privada, se amplían “Mi Negocio Sigue” y “Mi Nómina Sigue”; ambos planes de financiamiento pretenden autorizar recursos en beneficio de las empresas guanajuatenses.
Froylan Salas Navarro, Subsecretario para la Mipyme de la Secretaría de Desarrollo Económico compartió en entrevista para el programa En Directo, de Multimedios Radio, de qué trata cada uno y cuáles son los requisitos.
Ambos programas contemplan financiamientos con recursos públicos desde los 100 mil hasta los 500 mil pesos, cifra que puede subir incluso hasta los 2 millones de pesos. Habrá un plazo de 36 meses para pagar, 7 meses de gracias después de recibir el recurso, y una tasa del 5 por ciento anual con posibilidad de reembolso por pago puntual.
“También las características para el uso de este recurso para las empresas se amplía, si bien “Mi Negocio Sigue” la capital de trabajo hasta el 25% del monto de este recurso se podrá utilizar para el concepto de pago de nómina. Esto es dar una gran flexibilidad de este producto para seguir apoyando la nómina y a la empresa local”, afirmó.
La ventanilla de apertura será el 4 de mayo en Fondos Guanajuato. Para ser acreedor deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberá solicitarla una persona física/moral con una unidad económica legalmente constituida de receptores secundario y terciario, estar inscrito en el registro estatal de contribuyentes, estar al corriente en los pagos del impuesto sobre la nómina, es necesario estar entre las edades de 18 a 65 años.
Además habrá que presentar un proyecto de inversión detallado, estar dado de alta en Hacienda, presentar una identificación oficial, una constancia de situación fiscal emitida por el SAT, comprobante de domicilio (preferentemente el recibo de luz) con antigüedad no mayor a 60 días.
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Para subir el crédito hasta el tope de 2 millones de pesos, se solicita el formato de autorización para verificar en el buró de crédito, una persona solicitante y una persona aval, la situación financiera con relación analítica, una garantía hipotecaria, escritura pública que acredite la propiedad, y un avalúo comercial.
“La visión que estamos impulsando es que el empresariado tengan liquidez para afrontar la situación que tenemos por el covid. Esta es la gran visión, que no tengan por 7 meses esta carga financiera. Es un compromiso de pago, es un financiamiento y hay que resguardarlo porque es recurso público”, agregó.