Luego de que la ex alcaldesa, Bárbara Botello Santibáñez liquidó una fianza que le permitió salir del Centro de Readaptación Social (Cereso) de la ciudad, el líder del Partido Acción Nacional (PAN) en León, Alfredo Ling Altamirano enfatizó en que no ha sido absuelta por las autoridades y sigue vinculada a proceso penal.
El líder municipal del PAN mencionó que la única diferencia es que Botello Santibáñez enfrentará su proceso en libertad y que siguen pendientes de revisión 39 tomos que fueron presentados ante el poder judicial durante la denuncia.
“Que quede claro está sujeta a proceso, no la dejaron libre, no le dictaron auto de libertad, se le dicto auto de formal prisión que ahora es acto de vinculación a proceso, entonces está sujeta proceso penal”.
Aseguró que la detención de la ex alcaldesa priista no es ningún revanchismo e invitó a todos los ciudadanos a levantar una denuncia si es que tiene evidencia que indique la participación de algún funcionario público en un hecho ilícito, ya que está a favor del combate a la corrupción sin importar si el implicado llegará a ser un integrante de Acción Nacional.
“Se ha comentado que cuando empiezan a caer los de los otros partidos políticos, pues cuando empiecen a caer las evidencias, el asunto de Barbará tiene 39 tomos que fueron presentados ante el juez, cuando hayan las pruebas contra el que sea, pues que se presenten y que se proceda frente a derecho, lo demás es grilla política”, expuso.
Ante los señalamientos de integrantes de partidos oposición que aseguran que el ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, realizó actos de corrupción durante su administración, Ling Altamirano defendió que no existe ninguna evidencia que indique que Oliva realizó algún hecho ilícito.
“Se realizaron 7 u 8 juicios que el grupo parlamentario del PRI presentó ante la PGR federal y después de todos esos juicios no hubo una sola prueba ni evidencias contra el ex gobernador”, aseveró.
La detención de la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, se realizo la mañana del viernes, pues es acusada por el delito de peculado en agravio de administración pública municipal por un monto de un millón 576 mil 600 pesos, que habría sido ejecutado mediante la contratación de empresas fantasmas en la Tesorería Municipal durante su administración.