Ambientalistas del Greenpeace y habitantes de Sitilpech protestan frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en José María Pino Suárez # 2 Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde solicitan la atracción del caso de Sitilpech para detener la operación de la mega granja porcina en esa localidad de Izamal, Yucatán.
A cuatro años de su funcionamiento, exigen el cierre de la granja con un mitin al exterior de la SCJN, pues refieren que se sigue generando contaminación en el agua y medio ambiente.
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Los inconformes señalan el incumplimiento de las autoridades de inspeccionar, vigilar, controlar y sancionar la mega granja ilegal en Sitilpech.
"La razón por la que estamos aquí es porque le estamos pidiendo a la Suprema Corte que ejerza su facultad de atracción para estudiar el recurso de queja de la granja Sitilpech que se interpuso con el propósito de evitar que el amparo pueda seguir estudiándose, esto porque la granja está tratando de señalar que la demanda de amparo es puesta de manera extemporánea", comentó un integrante de Greenpeace.
Denuncian que Conagua actuó e inspeccionó la granja, y realizó estudios de agua que sale de la planta de tratamiento de aguas en los que corroboraron que había elevación de coliformes fecales, bacterias que causan enfermedades gastrointestinales, elevación de fosforo, grasa y de varias sustancias que son tóxicas en alta cantidad para las personas.
Acusaron que dicha empresa ha contaminado el agua, aire y suelo del territorio de Sitilpech sin que alguna autoridad haya realizado su labor relativa a la prevención y precaución del daño ambiental, por lo que con la demanda también exigen que se realice una consulta indígena para determinar la continuación o no de los permisos de la empresa en su territorio, pues existe mucha inconformidad al respecto. De esta forma, se demandaron violaciones a su derecho al medio ambiente sano y al agua, especialmente de las niñas y niños de la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, Yucatán.
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Sin embargo, ante la presentación de la demanda de amparo, la empresa porcícola interpuso un recurso de queja argumentando que la demanda era notoriamente improcedente. Uno de los argumentos principales es que la demanda fue promovida de forma extemporánea, pues aun cuando se reclaman “omisiones” de las autoridades, según lleva varios años operando sin que haya recibido reclamo alguno.
No obstante, la organización civil Kanan Derechos Humanos, que les acompaña en el proceso legal, señala que este argumento es contrario a la protección ambiental, pues considera que no es posible aplicar el mismo criterio de plazos específicos para demandar el deterioro ambiental para la protección de los recursos naturales, pues es imposible estar “conforme” con omisiones de las autoridades, al ser obligaciones de carácter inmediato y prioritario por el bien común, la salud, ambiente y agua.
Roberto Sánchez, integrante de derechos humanos de Kanan, dijo para MILENIO que la petición es el cierre de la granja, "nosotros desde el canal de derechos humanos y el clamor del pueblo es que se cierre la Mega granja porcícola, por contaminación al medio ambiente, por lo que estanos aquí en la Corte es para solicitar a la Corte que atraiga una queja con ello generar un precedente que permita seguir estudiando el caso, es un manejo de 50 mil cerdos al año".
Entregaron en la Suprema Corte un documento con 700 firmas de los pobladores para dar a conocer sus demandas.
La preocupación de las organizaciones y colectivo es que existe un precedente negativo en el Tribunal Colegiado Penal y Administrativa con sede en Yucatán con el cual, el magistrado Jorge Eden Wynter, ha declarado que efectivamente existe un plazo fijo para demandar daños ambientales por omisiones de las autoridades ante la operación de megafábricas porcícolas. Es decir, a criterio del Tribunal, aun cuando se demanden omisiones de las autoridades de realizar inspecciones, verificaciones y sanciones, la demanda se debe hacer valer dentro del plazo que la Ley de Amparo, y no en cualquier tiempo cuando esto suscite.
Con ello, el magistrado y el Tribunal ignoraron por completo los estándares sobre acceso a la justicia en materia ambiental y de pueblos originarios, estableciendo criterios que no se ajustan en lo absoluto a las lógicas de empresas contaminantes, así como de afectaciones ambientales.
El pasado 5 de julio de 2022, habitantes de Sitilpech presentaron una solicitud ante la SCJN para que atraiga un recurso de queja interpuesto por la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo, quien cuestionó la admisión de la demanda de amparo promovida en contra de las autoridades que permiten la operación irregular de su megafábrica porcícola.
De ser atraído el caso, se podría generar un precedente positivo sobre la admisión de juicios de amparo sobre derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
En la comunidad de Sitilpech hay alrededor de mil 900 habitantes, donde poco más del 75 por ciento son personas indígenas; y sobre las autoridades judiciales yace la responsabilidad de proteger el derecho a la libre determinación de los pueblos, a un medio ambiente sano, a la salud y al agua.
Por ello, es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso, y resuelva con imparcialidad y sin sesgos, de la mejor manera posible la admisión de la demanda de amparo promovida por dicha comunidad.
LCR/EHR