Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifestaron ayer en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado y en la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para exigir la ejecución de obras con recursos del 2017 y el pago de programas sociales, respectivamente.
Martha López Ríos, dirigente estatal de la UNTA, acusó que el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Daniel Rolando Jiménez Rojo, le ha quedado mal a la agrupación con el ejercicio 2017.
“Nos está debiendo más de 300 acciones de piso firme que ya habían sido convenidas; no da la cara, no contestar el teléfono, no aparece por ningún lado”, dijo.
En la Secretaría de Desarrollo Social de la administración estatal los integrantes de la UNTA no solo se manifestaron sino que impidieron el acceso del personal a la dependencia a manera de presión para obtener una respuesta a su demanda.
“Entonces a ver si tomando las oficinas y no dejando entrar el personal se aparece para que nos diga qué hizo con los recursos de esas más de 300 acciones de piso firme que están pendientes en la región Otomí-Tepehua y en la Huasteca para 330 personas”, sostuvo.
Subrayó que el secretario de Desarrollo Social debió de haber cumplido con las obras desde hace seis meses las cuales ascienden a cerca de 3 millones de pesos, “es ejercicio 2017, nada más falta que se haya gastado el dinero por andar impulsando a sus candidatos”.
Enfatizó que los integrantes de la organización permanecerán afuera de la secretaría y apuntó que si el tema se alarga sin que haya una respuesta por parte de la dependencia convocarán a una marcha estatal de la Secretaría de Desarrollo Social al Palacio de Gobierno el próximo lunes “con todos los integrantes de la organización del estado”.
Asimismo, la líder campesina mencionó que en la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social no han pagado los programas de impulso productivo.
Mencionó que el compromiso era que se liberaran los recursos antes del 1 de julio sin que hasta el momento se haya cumplido.
Apuntó que los recursos de los programas de impulso productivo son de poco más de millones de pesos para alrededor de 300 familias.
“En el caso de la Sedesol, el delegado Víctor Velasco nos dijo que informará lo correspondiente a oficinas centrales, a la propia secretaría porque es de allá donde tienen que emitir los depósitos correspondientes”, dijo.
Martha López apuntó que no se puede dar tregua a los funcionarios para que utilicen el recurso para impulsar los procesos electorales.
“Creo que tenemos que ponerle punto final para que esto pagado antes del 1 de julio, todavía no hay una fecha específica para el depósito, estamos en espera porque se tienen tomadas todas las delegaciones del país incluidas oficinas centrales”, dijo.
La dirigente estatal de la UNTA consideró que hay el riesgo de que se puedan usar los recursos públicos para las campañas electorales.