Expertos en movilidad y abogados coincidieron en que la opción más viable para que el Estado asuma el control del transporte público sería a través de una requisa o una expropiación de los bienes, pero no mediante adquisición de deuda para la compra de las unidades.
Esto luego de que el secretario de Gobierno, Manuel González, acudiera hoy al Congreso para solicitar una deuda de 4 mil 910 millones de pesos para comprar todos los camiones que actualmente circulan en la entidad.
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Sobre esto Hernán Villarreal, ex director del Consejo Estatal del Transporte y Moisés López, consultor de movilidad, concordaron en que la propuesta es inviable operativamente e implicaría un gasto muy grande que finalmente tendrían que solventar los ciudadanos con sus impuestos.
"Si fuera real la intención de tomar el control del sistema de transporte público, la requisa sería un mejor camino, porque es un camino legal, es un camino donde entran a valorarse los activos, las tecnologías; tiene que entrar un tercero experto independiente a hacer esas valoraciones y se pagan en función de lo que realmente valen", indicó López.
"Lo que contempla la ley es: yo requiso y luego, mientras hago los contratos con nuevas empresas, utilizo los autobuses de los actuales prestadores del servicio para dar el servicio, eso es lo que marca la Ley, no se está inventando nada", agregó Villarreal.
El artículo 102 de la Ley de Movilidad del Estado establece que procede una requisa de los bienes del transporte público, cuando no se garantice la prestación del servicio.
Por su parte, Jorge Espinoza, abogado e integrante de Únete Pueblo, aseveró que la opción más viable sería la expropiación de los bienes, ya que el pago de la indemnización es hasta por 10 años y en el caso de la requisa generalmente la prestación del servicio regresa a los dueños originales después de la intervención del Estado.
"No hay porque ser buena onda con los transportistas y comprarles a precio comercial", mencionó.
El artículo 1 y 20 de la Ley de Expropiación del Estado de Nuevo León, establece que por causa de utilidad pública se puede expropiar los bienes privados para la conservación de un servicio público.
Señalaron que también puede tratarse de una estrategia para "aventarle la pelotita" del caos del transporte urbano al Congreso del Estado, para tratar de seguir negociando un aumento a la tarifa con los transportistas.