Esposas, hermanos y padres de familia de las cinco personas fallecidas el pasado 13 de noviembre en el Módulo de Desbaste de la Industria Curtidora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), piden la destitución de los directivos por las negligencias en las investigaciones y la falta de sensibilidad en el tema.
Representados por Gustavo Lozano de Acción Colectiva, aseguraron que ni el presidente, Jorge Ramírez, ni el director del organismo de agua en León, Enrique de Haro, han sido empáticos en el tema.
Lozano dijo que a través de la información que han obtenido, trataron de reconstruir lo que creen que sucedió ese día y el abogado Juan de Dios Araiza, explicó los detalles sobre los procedimientos a los que se han enfrentado para tratar de obtener justicia.
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El primero dijo que la responsabilidad de los fallecidos cae sobre el organismo de agua potable, ya que ellos, previamente, denunciaron algunas irregularidades dentro de sus instalaciones y no se hizo algo al respecto.
“En agosto de 2020, desde Acción Colectiva socioambiental, dimos a conocer grandes irregularidades en cuanto al manejo de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales y su módulo de desgaste y posteriormente presentamos las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), esas denuncias públicas evidenciaron entre otras cosas, las diferencias entre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sapal y la empresa ECOSYS III”, señaló.
Gustavo Lozano dijo que en ese momento tanto Sapal como la empresa encargada del saneamiento negaron los señalamientos, pero fue tiempo después cuando esta última acusó a la paramunicipal de varias irregularidades.
En un comunicado com fecha del 14 de agosto del 2020, ECOSYS III señala lo siguiente: Que a partir de 2014 se detectó una problemática de desabasto de agua que se ha venido arrastrando por parte de Sapal donde había arena, basura, recortes de cuero, cal, grasas, que ha perjudicado el registro eléctrico y de proceso de la infraestructura de tratamiento y se referían al módulo donde ocurrió el accidente.
Además informó que hizo del conocimiento del Sapal, pero señaló una falta de atención de los mismos pese a la calidad del agua contaminada.
Por ello, Sapal contrató otra empresa, pero las plantas sufrían deterioro debido a la calidad del agua. Dijo que cuatro meses después de esto y una vez tomado el control de esas instalaciones de Sapal, ocurrió la muerte de los 5 trabajadores quienes realizaban labores de mantenimiento.
A los hechos denunciados en agosto pasado, aseguraron que se suma un comportamiento negligente, pues la paramunicipal debió tomar todas las medidas para que este accidente no ocurriera.
Y dijo que ni el presidente ni Enrique de Haro han sido empáticos con las investigaciones que hace la Fiscalía, además de la falta de sensibilidad, aseguraron que han mentido al señalar que si han tomado medidas y protocolos cuando las pruebas son contrarias porque los trabajadores no fueron capacitados.