Un grupo de 32 familias hidalguenses denunciaron haber sido desplazadas de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el municipio de Tula de Allende, debido a conflictos internos de la planta cementera con grupos de trabajadores y debido a la omisión de las autoridades.
En conferencia de prensa, una de las mujeres afectadas por esta situación, Norma Reyes Castillo, acusó que existe una inacción de los tres órdenes de gobierno para atender el tema de la planta de Cruz Azul Hidalgo.
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Denunciaron también al presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Badillo, quien afirman que sostiene complicidad con personajes como Federico Sarabia Pozo, quien pretende ostentarse como presidente del Consejo de Administración de la cementera Cruz Azul, y Germán Díaz Pérez, gerente general del Club Deportivo de Cruz Azul Hidalgo.
Dicha situación, acusaron, obligó a 32 familias a dejar sus hogares dentro de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, pues un grupo delictivo armado, el cual mantiene sitiada la planta de la cementera en esa demarcación, los amenazó, acosó y desalojó de sus casas; esto a pesar de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la presidencia municipal que encabeza el perredista.
“Manuel Hernández Badillo apoya a la célula delictiva que tiene tomada la fábrica de Cruz Azul, la autoridad tiene la obligación de cuidarnos, respetarnos, garantizar que no haya conflictos e inseguridad, el presidente municipal no atiende, manda a alguien, ya sea el secretario municipal o regidor de la Comisión de Seguridad, dicen que es problema es la policía estatal, pero las patrullas municipales cuidan a quienes están violando la Ley, incluso el secretario de Seguridad Pública de Tula, Alejandro Filomeno Sánchez Álvarez, me dijo que no fuera a mi casa porque me pueden matar”, manifestó.
Fortino Edgar Franco Barrón y Juan Antonio Cruz Muciño, afectados por la misma situación en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, señalaron la inacción y desatención de la policía ministerial y del MP, pues a pesar de contar con pruebas del acoso, amenazas, saqueos de sus viviendas, balaceras, daños a su propiedad, así como el cierre de vialidades públicas en la demarcación, no inician las carpetas de investigación pertinentes y por ello no se toman acciones, esto a pesar de la evidencia fotográfica que han mostrado a la autoridad, mismas que se obtuvieron de cámaras de seguridad ubicadas en casas y espacios abiertos de la colonia en Tula de Allende.
Incluso, añadieron, el grupo delictivo que respalda a Sarabia Pozo y Díaz Pérez sostiene vínculos con el delito federal de robo de hidrocarburo, lo cual mantiene la no intervención de las autoridades municipales, estatales o federales en la zona, pues la situación se mantiene desde 2020 cuando se inició el proceso de la Cooperativa Cruz Azul en contra de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, por lo cual muchas de estas familias carecen de certeza laboral, por el paro de la planta, así como de vivienda por el desalojo del que fueron víctimas, “nos quitaron todo, sólo falta que nos quiten la vida, por eso tenemos miedo”.
Gobierno desestima la problemática
Los habitantes despojados de sus viviendas lamentaron la declaración del gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar al calificar el conflicto como un “tema entre particulares”, debido al conflicto interno de la Cooperativa Cruz Azul, pues ha sido el argumento replicado por integrantes de su administración para no brindar apoyo o solución alguna a la inseguridad que se mantiene en la región.
Esto ya que tuvieron acercamientos con la titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), Bertha Miranda Rodríguez, quien les indicó que el tema debía ser atendido por la titular de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, quien les indicó que al ser un conflicto entre particulares la instancia no tiene competencia y por ello no se inició ninguna queja.
Incluso, relataron, se buscó al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, quien se negó a recibir a la comitiva y les brindó atención la subprocuradora, Sissi Anette Rodríguez Fernández, quien desestimó sus demandas al insistir que es un conflicto entre particulares, cuando las personas afectadas señalaron que esto va más allá del tema de la Cooperativa Cruz Azul, sino que es materia de seguridad por los robos, saqueos, acoso, amenazas con armas de fuego, así como el presunto homicidio de una persona que debió investigarse de oficio.
“El gobierno estatal y federal deben acabar con este tema, el gobernador Julio Menchaca dice que es un tema de particulares, no es cierto porque hay muertos y un homicidio se sigue por oficio, no es de la Cooperativa Cruz Azul, ya no es asunto entre particulares cuando están los delitos y se tienen pruebas, fastidia que sea ese su discurso, la titular de la CDHEH claramente dijo que no es su problema, Santiago Nieto no se presentó y mandaron a la subprocuradora que dijo lo mismo, la autoridad ha sido omisa, deberían actuar y minimizan este problema diciendo que es entre particulares; pero son personas capaces de matarnos”, manifestaron.
Igualmente, acusaron la omisión del gobierno federal, esto ya que sostuvieron una reunión con el delegado de Gobernación en la región de Tula, Efraín Pedraza Cruz, quien únicamente les “ayudó” a redactar una denuncia formal para entregarla a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se desechó por una mala integración.
Los afectados señalaron que a la par de dichos problemas se tiene a la economía de la región paralizada ya que tanto el tianguis, como el súper mercado en Cruz Azul, reflejan un decremento del 80 por ciento en sus ventas; la reducción de la matrícula escolar en un 50 por ciento; así como la migración del equipo femenil de Cruz Azul en la Liga Mx Femenil, que utilizaban el Estadio 10 de Diciembre para el desarrollo de sus partidos, lo cual afecta su vida cotidiana y su derecho a la paz.
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