Más de 230 investigadores y trabajadores de centros dedicados al desarrollo de ciencia y tecnología en Puebla, se verán afectados en caso de que sean incorporados al régimen laboral burocrático regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en apartado B, como lo analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt), Manuel Escobar Aguilar y secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Sutinaoe), dijo que, de modificarse la jurisprudencia P./J. 1/96 que revisa el máximo tribunal del país, se generarían graves daños a la vida laboral y académica del personal académico en centros de investigación.
En entrevista para MILENIO Puebla, explicó que actualmente la jurisprudencia P./J. 1/96 coloca a los trabajadores de centros públicos de investigación como personal de base, de tal forma que una modificación atentaría contra su derecho de asociación.
Expresó que existe el riesgo de que el personal académico de los centros de investigación pase al Apartado B del Artículo 123 Constitucional, es decir, al rubro de confianza sin derecho a la sindicalización.
“Al ser personal de confianza perderíamos muchos derechos. ¿Cuántos investigadores sólo en Puebla se verían involucrados en esta problemática? El Inaoe tiene cerca de 150 trabajadores académicos como investigadores, más, 80 técnicos académicos en investigación, estamos hablando de cerca 230 trabajadores que estaríamos afectados solo en el instituto. También están los estatales que pertenecen a una universidad, aunque se rigen de manera autónoma, pero se verían afectados de alguna manera”, explicó.
El dirigente de la Fenasscyt consideró que una modificación a la jurisprudencia atentaría contra los derechos de una negociación colectiva de trabajo, además que se vería afectado el desarrollo de ciencia.
“Creemos que se vería limitada la expresión, al perder la libertad de cátedra, los investigadores ya no tendrían la facilidad de hacer trabajo de campo. Se dice que los derechos en cuanto a prestaciones no se perderían, pero lo que sí sucede, es que, al pasar a otro ámbito, ya no seríamos personal de base, sino de confianza y ya no estaríamos protegidos por un sindicato”.
Escobar Aguilar comentó que los representantes de 22 sindicatos de Centros de Investigación y otras organizaciones académicas, así como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) estarán atentos a la revisión del proyecto por parte de ministros de la SCJN, previsto para este 8 de marzo, a la espera de que se eviten modificaciones al régimen laboral.
mpl