La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Guanajuato mantiene bajo revisión el uso de recursos del Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo Social y Seguridad Pública del Estado (Fidesseg), fondo destinado a financiar proyectos prioritarios de infraestructura y seguridad en la entidad.
De acuerdo con la titular de la dependencia, Arcelia González González, hasta el momento se han llevado a cabo cinco auditorías, algunas enfocadas al desempeño y otras al ejercicio del recurso. De estas, tres continúan en proceso, mientras que dos ya fueron concluidas sin observaciones.
“Hubo varias auditorías, cinco si no me equivoco: unas al desempeño y otras al ejercicio de algunos rubros. Tenemos procedimiento legal jurídico ordinario, entonces todavía no se concluyen algunas de ellas. Tres están en proceso, y dos ya concluyeron sin observaciones”, detalló González González.
La funcionaria explicó que la revisión realizada fue integral, abarcando el presupuesto general del fideicomiso y no solo una partida específica.
Subrayó que este tipo de auditorías son parte del trabajo habitual de la Secretaría, como parte de su programa anual de fiscalización.
“Todo el recurso público es auditable. Esto es un ejercicio normal de la Secretaría, lo hacemos incluso dentro de nuestro programa anual. Se incluyen programas importantes y es parte natural su observación y seguimiento, para asegurarnos de que se utilicen correctamente”, dijo.
Además, mencionó que algunas de las observaciones detectadas en las auditorías ya fueron solventadas en tiempo y forma, lo que permitió concluir ciertos procesos sin irregularidades.
“Sí, se solventaron algunas observaciones, información que hacía falta en tiempo y forma se entregó, y por eso ya se dio por concluida. Las otras siguen su curso legal, y como saben, los procesos son muy estrictos en cuanto a confidencialidad hasta que se concluyen”, finalizó.
González González reiteró el compromiso de su dependencia para mantener un seguimiento constante y preventivo del uso del gasto público en el estado, especialmente en áreas clave como desarrollo social y seguridad.