La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) ya inició una queja oficiosa con el número de expediente 1684/2025 en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el caso de Teresa Marmolejo López, madre a quien dicha institución notificó la exhumación (que ya se llevó a cabo) de los restos de su hija Dulce Alejandra, que le fueron entregados hace cinco años.
Esto, debido a presuntos errores y negligencias, pues se advierte que podrían haber “restos de al menos otras cuatro personas” mezclados con los de su hija. Los restos “correctos” le serían devueltos hasta dentro de tres meses.
La queja fue iniciada el pasado jueves 17 de julio por parte de la PRODHEG, derivado de que el caso salió a la luz y ante la exigencia de esta madre de que la Fiscalía cumpla con los protocolos establecidos, para evitar que hechos como estos lleven a la revictimización; dicha queja oficiosa está en vías de ser ratificada por Teresa Marmolejo López.
En una entrevista con MILENIO, la señora Teresa Marmolejo, originaria del municipio de Irapuato, narró que, a través de una llamada telefónica, personal de la FGE le informó que llevarían a cabo la exhumación, ya que se presume que en la caja mortuoria donde le entregaron los restos de su hija habría restos de cinco personas: tres mujeres, entre ellas Dulce, y dos hombres.
La madre, quien es víctima indirecta del homicidio de su hija, recordó que hace cinco años, cuando le fueron entregados los restos, sólo pudo observar algunas fotografías para llevar a cabo la identificación del cuerpo entre ellas la de su rostro, ya que la joven fue decapitada, así como imágenes de sus muñecas y manos.
No obstante, durante el funeral no se le permitió abrir el ataúd cuando le entregaron el cuerpo completo.
Dulce Alejandra fue reportada como desaparecida el 16 de julio del año 2020, fue privada de la libertad y, tras una denuncia formal, la señora Teresa y su nieto fueron sometidos a pruebas de ADN para que sus muestras pudieran ser cotejadas.
Los restos fueron localizados en la región Laja-Bajío, en la zona de los Apaseos (Apaseo el Grande y Apaseo el Alto), y la joven fue sepultada el 31 de agosto de ese mismo año.
La familia, conformada por la señora Teresa y los dos hijos de Dulce Alejandra, hoy adolescentes que quedaron en orfandad por el asesinato de su madre, exige una reparación integral del daño por el impacto psicológico y emocional que esta revictimización les ha causado.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas ha señalado que llevará a cabo su representación legal en esta exigencia.