De manera pública y a través de su pagina oficial, el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios señaló a la jueza de oralidad familiar de Guanajuato; Dulce María Pérez Gallardo, de presunta corrupción y revictimización de una madre, al haberse demorado hasta el momento dos años en resolver la demanda de reconocimiento de paternidad en contra de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, virtual candidato de Morena en Guanajuato Capital.
Ello es derivado de una demanda por reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia que interpuso Martha, la madre de los dos jóvenes de hoy 16 y 18 años, desde el 8 de febrero de 2022, misma que hasta el día de hoy sigue sin avanzar. MILENIO solicitó de manera reiterada un posicionamiento o versión por parte del Poder Judicial del Estado de Guanajuato a través de su área de comunicación, quienes se limitaron a dejar en visto la solicitud.
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"En dos años que inició la demanda de reconocimiento de paternidad de dos menores de edad, solo ha revictimizado a la madre y a sus hijos, solicita intervención de la procuraduría de la niñez del estado y un sinfín de tonterías más con tal de darle vueltas al asunto, demorar tiempo y proteger al deudor alimentario", señala en su publicación el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios.
En este sentido, habría también una corresponsabilidad de la Procuraduría de Protección, Niñas Niños y Adolescentes (Pepnna) ya que la funcionaria pública Mayra Alfaro Sánchez fue designada como defensora de los dos menores en este juicio y es primordial el interés superior de la niñez. Milenio/Telediario también contactó al área de comunicación de la Pepnna, sin recibir respuesta.
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De acuerdo a información que ha sido publicada por medios de comunicación, uno de los principales motivos para postergar el proceso legal, es que la parte denunciada (Rodríguez Medrano) como mecanismo para aletargar el proceso, ha pedido que se llame a juicio a quien reconoció legalmente a los dos jóvenes y les dio su apellido, un hombre que desde hace mas de una década vive en los Estados Unidos, país al que migro de manera ilegal y no cuenta con papeles que le permitan regresar a México.
Hasta la fecha no ha sido posible emplazarlo y en consecuencia el procedimiento no ha podido avanzar, dado que la confrontación de la prueba de ADN solo sería entre el candidato de Morena y los dos jóvenes para corroborar o descartar la paternidad, llamar al tercero resulta innecesario y dilatorio.