Abiertas de par en par se encuentran algunas casas donde hallaron fosas clandestinas en Jalisco.
Es el caso de la finca marcada con el número 35 de la calle Reforma, en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá. El 13 de julio del 2019 se descubrió y la Fiscalía del Estado encontró en total 21 cuerpos, algunos completos y otros más, cercenados y dentro de bolsas negras.
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A casi un año, el portón está abierto. El sello y las cintas amarillas fueron retirados. Según dicen los colonos, esto ocurrió apenas la semana pasada.
“Yo diario paso por aquí, también cuando pasó todo eso de los muertitos, aquí estaba todo sellado, y de repente paso y se me hace raro ver abierto, porque se supone que debe de estar cerrado”, comentó Héctor Rodríguez, vecino de Tonalá.
Según Ana María Valencia -otra vecina-, dos motoladrones abrieron la casa al escuchar ruidos y rasguños. “Era un perro”, ríe.
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La casa es amplia, cuenta con una terraza, dos cuartos, un pozo de agua, alberca y una zona de arbolada donde destacan cinco palmeras. Justo en el área verde están distribuidas varias fosas, hoy llenas de agua. Muchos de los surcos están distribuidos como si literalmente hubieran plantado muertos. En la terraza quedó infinidad de ropa dispersa, zapatos y envases de plástico. En el resto del predio hay guantes, sábanas y uniformes de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
El resguardo y custodia de las fincas donde se comenten delitos, es responsabilidad de la Fiscalía del Estado, afirmó el investigador e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UDG), Rubén Ortega Montes.
“Los cuerpos y ropa, y otros objetos son indicios y son evidencias que deben procesarse para que en su momento se utilicen como medios de pruebas” en el proceso judicial, dijo.
Las casas que son utilizadas como panteones causan un daño irreparable entre los vecinos. Es intimidación física y emocional. “Es terror y un temor a lo desconocido, a lo que te pueda ocurrir”, remató.
Además, la percepción de inseguridad crece cuando observan que esas casas no son resguardadas por la autoridad y ahora pudieran ser utilizadas para cometer otros delitos como son abuso sexual, tráfico de droga, homicidios; o bien, convertirse en un nido de malvivientes.
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En estos casos, la Fiscalía del Estado de Jalisco debería aplicar la Ley de Extinción de Dominio. Son centros de tortura o panteones. Bien, se podría, dijo, convertirlos en módulos de seguridad.
“Aparte de que es una Ley muy controvertida, no se tiene el personal capacitado específicamente para retirar este tipo de inmuebles”, consideró.
En entrevista, el catedrático estimó que será difícil que se armen la totalidad de cuerpos por la infinidad de secciones anatómicas halladas en el ultimo año.
“Va a ser un tema muy difícil de que armen ese rompecabezas con el número de más de un cadáver encontrado por día”, indicó.
Cuestionó el que la Fiscalía del Estado haya pedido a la Federación que los cadáveres hallados en fosas no se contabilicen en las estadísticas de homicidios.
“El fiscal no se puede quitar esa responsabilidad de que los muertos se cuenten en su administración”, reprochó.
Por lo pronto, los pobladores piden seguridad. Temen que la casa pudiera ser utilizada otra vez para sepultar cadáveres. “Que la tumbaron o que estuviera alguien ahí porque si da miedo”, dijo Ana María Valencia, vecina de Santa Cruz de las Huertas. Durante el 2019, se localizaron 219 cuerpos en fosas clandestinas.
MC