El cobro de derechos por la emisión de gases a la atmósfera mejor conocido como “impuesto verde”, fracasó en Tamaulipas, afirman ambientalistas y piden al nuevo gobierno revisar este esquema porque no hay manera ni de estimar objetivamente qué tanto contaminan las empresas.
Este gravamen se aprobó en junio de 2020 para entrar en vigor a partir de enero de 2021, luego de ser aprobadas modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado. No obstante, el rubro de “Impuestos Ecológicos” se estimó en ceros en la Ley de Ingresos 2021 y no aparece clasificado en la de 2022.
“No se puede cobrar porque sigue sin haber manera de medir las emisiones, a menos que se tome como base lo que declaren las mismas empresas, pero obviamente no dirán la verdad”, señaló Ricardo Cruz Haro, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Dijo que al estado le falta tecnología en la materia, porque nunca hubo una voluntad real de actuar contra la contaminación, así que la reforma a la Ley de Hacienda aprobada hace dos años, “fracasó por este motivo”.
“No hay manera de inspeccionar, de tener parámetros sobre los contaminantes que se están emitiendo a la atmósfera; si tu referencia es el reporte que presenta cada empresa contaminante pues jamás reconocerán que sobrepasan los límites estipulados en leyes y reglamentos”.
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Roque Montiel, representante de Ciudadanos Conscientes en Acción por México, apuntó que el impuesto ambiental no es factible si el estado no está preparado con equipos para medir la contaminación.
“No podemos confiar en que las empresas más contaminantes, por ejemplo Pemex y CFE, nos van a decir realmente cuánto contaminan, tampoco podemos creerles a ciegas a las empresas privadas, debe llevarse un control, si esta regulación no es efectiva, entonces está fracasando a pesar de ser un buen plan”
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VLSS