La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) denunció que se estableció un mecanismo de presión con la fabricación de órdenes de aprehensión con el objetivo de que no se les devuelvan las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
Ante la información en torno a que fueron giradas órdenes de aprehensión contra el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez Bautista, e integrantes de su equipo de trabajo, la Fundación Mary Street Jenkins destacó que existe una campaña para desviar la atención en torno al resolutivo de un tribunal federal para que las instalaciones de la Udlap regresen al patronato que encabeza Margarita Jenkins de Landa.
“En las últimas horas se ha establecido un reiterado mecanismo de presión para desviar la atención sobre el tema de fondo: la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins, para apropiarse ilícitamente de patrimonio privado”, destaca la FMSJ.
A través de un comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins aseguró que existe una una persecución política estructurada por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición.
“La Fundación M. S. Jenkins reitera de manera enérgica que hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse y por eso se denunciará a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México, que forman parte de una red de complicidades impune hasta el momento”, agrega en el comunicado.
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El documento destaca que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pese a ser un patrimonio privado, fue invadido el 29 de junio pasado por la Policía Estatal, violando los derechos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de la UDLAP, de la familia Jenkins de Landa y de su equipo jurídico.
“Esta intervención fue ordenada por Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, quien ha mostrado un comportamiento irregular alineando sus acciones a las intenciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que responden a los intereses del Gobernador Miguel Barbosa, para imponer a un patronato y un Rector espurios”.
La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) destacó que obtuvo una suspensión vigente otorgada por un Juzgado Federal para que las instalaciones de la Udlap sean devuelta de forma inmediata al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa.
“Esta suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, ex Senador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP, y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la CDMX”, finaliza el documento.
La Fundación Mary Street Jenkins anunció que presentará una queja formal contra los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue su proceder, vínculos y complicidades.
“Sanear la corrupción en el Poder Judicial de la capital del país es un tema del mayor interés para su magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez y para la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes se han comprometido con erradicar este tipo de conductas que vulneran el Estado de Derecho. Además, esta queja será un elemento importante en la revisión que realiza el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respecto a los sistemáticos atropellos en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, que desde 2018 fueron exonerados por la hoy FGR, sobre diversos señalamientos que generan un doble juzgamiento, violatorio de nuestra Constitución”, finaliza el documento.
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